El Consejo General del Poder Judicial está involuntariamente en el centro del debate político al ser rehén de la rivalidad entre el Gobierno y el principal partido de la oposición, el PP, cuya falta de acuerdo impide la renovación del órgano de gobierno de los ... jueces, que requiere una mayoría de tres quintos de las Cámaras y que debía haberse realizado hace más de dos años. Y ahora, cuando el Gobierno ha puesto en marcha una ley para desactivar el CGPJ después de caducado con el objetivo de forzar al PP a prestarse a un acuerdo, la institución judicial ha aprobado por amplia mayoría un texto en el que pide al Congreso que se recabe su opinión sobre la referida reforma; aunque reconoce que su informe no es obligatorio. Al propio tiempo, el Consejo continuó con sus nombramientos, que solo tienen lugar si reúnen amplio apoyo: los cuatro altos cargos judiciales designados ayer lo fueron con 18 votos sobre 21. Es evidente que ni esta controversia ni la ley en ciernes, urdida por Unidas Podemos y PSOE para doblegar la resistencia del PP, tendría sentido si las formaciones políticas antepusieran el cumplimiento puntual de sus obligaciones constitucionales a sus propios intereses.
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