Cesiones a ERC

En el acuerdo difundido anoche, los socialistas asumen el lenguaje de ERC al reconocer la existencia de «un conflicto de naturaleza política» en Cataluña, en alusión a los deseos de secesión de una parte de la ciudadanía, y defender que solo puede ser resuelto a través del diálogo y el acuerdo «superando la judicialización». Además, ambas partes deciden crear «una mesa bilateral» de negociación entre el Gobierno central y la Generalitat, al margen de los cauces establecidos en la Constitución y el Estatut, para debatir sobre la independencia de Cataluña y que partirá del reconocimiento de la «legitimidad» de todas las propuestas. Los eventuales acuerdos serán sometidos a «validación democrática» a través de una consulta «de acuerdo con los mecanismos previstos o que puedan preverse».

Se hace difícil reconocer la huella del PSOE, el partido que ha gobernado España durante más tiempo desde la Transición, en un documento de esta índole que elude premeditadamente cualquier referencia a la legalidad constitucional y parece ignorar que la Justicia intervino en el 'procés' no por capricho, sino por la comisión de graves delitos por parte de responsables de las instituciones catalanas. Unos responsables que, por mucho que se llenen la boca de diálogo, hasta ahora lo han confundido con la imposición unilateral de un proyecto rupturista que burla las leyes y contrario a las aspiraciones de la mayoría de los ciudadanos.

Las concesiones de Sánchez a ERC ponen en un aprieto a los regionalistas que aún no han comprometido su voto en la investidura. Por ahora se han cobrado un 'no' del PRC de Revilla, han dinamitado la precaria imagen de unidad que se ha esforzado en transmitir el independentismo y hacen más atronador el silencio de los barones socialistas y la ausencia de un profundo debate en el partido sobre una cuestión de tanto calado.