Las elecciones del pasado 14 de febrero en Cataluña fueron convocadas porque había un Gobierno de coalición integrado por Junts y ERC incapaz de sustituir a Quim Torra, un presidente judicialmente inhabilitado. Tres meses después ni la pandemia, ni la crisis económica y social, ni ... la propia descomposición institucional han sido razones suficientes para alumbrar una mayoría al frente de la Generalitat. En apenas dos semanas acaba el plazo que aboca a nuevos comicios y no se percibe otra alternativa a la vergüenza que supondría su convocatoria que otro Ejecutivo inestable, minoritario o fruto de una alianza imposible.
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El independentismo debería dejar de proclamar que ganó el 14-F y que cuenta con una amplia mayoría en el Parlamento porque lleva años mostrándose incapaz de articular una política propiamente dicha. Si ERC, Junts y la CUP no han conseguido ponerse de acuerdo para administrar las amplísimas competencias de la Generalitat no es solo porque luchen encarnizadamente entre sí por el espacio electoral que generaron a partir de 2012 al despertar expectativas de una pronta arribada a la república catalana. No es solo porque han quedado impedidos para digerir la frustración resultante de los episodios de septiembre y octubre de 2017. Es sobre todo porque, de tanto enarbolar sus objetivos secesionistas, ya no pueden gobernar juntos las prerrogativas que el Estatut y la Constitución conceden a Cataluña. Porque son incapaces de impulsar políticas constructivas sin quedar a cada paso paralizados en el ensimismamiento independentista y en el señalamiento de España como causa última de todos los problemas.
Además, la gestación de la comunidad secesionista ha provocado que cada uno de esos tres grupos no sea independiente en relación a las otros dos. Que no sea libre para trazar una política de alianzas que prescinda de los demás secesionistas y procure acuerdos con formaciones que rechazan la ruptura. Es lo que suspende en el vacío la pretensión de ERC de gobernar en solitario. Como cierra el paso a que haya partidos independentistas dispuestos a mostrarse neutrales ante las aspiraciones de Salvador Illa para que la presidenta del Parlamento autonómico, Laura Borràs, proponga su investidura. Mientras el independentismo continúa enredándose con sus propios nudos, debatiéndose entre facilitar un nuevo Gobierno o ir a elecciones, sigue poniendo en entredicho la gobernabilidad de España.
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