Nadie a cargo de las pensiones

La eventualidad de que la legislatura termine el 23 de este mes, con la disolución de las Cortes y la convocatoria de elecciones para el 10 de noviembre, deja en el aire el futuro inmediato de las pensiones de jubilación, sobre las que probablemente en tal caso se volvería a aplicar la subida del 0,25% estipulada por el Gobierno de Rajoy en 2013. Ante tal situación, el propósito expresado por algunas voces del Gobierno en funciones respecto a la posible promulgación de un decreto-ley que pudiera convalidarse en la diputación permanente parlamentaria plantea tales dudas jurídicas e incluso discrepancias en el seno del Ejecutivo, que sería más sensato dejar en manos del gobierno entrante la iniciativa de actualizar las percepciones de los pensionistas con carácter retroactivo una vez se abra paso la nueva legislatura.

Pero el efecto más gravoso de un ciclo tan prolongado a falta de una mayoría estable en el gobierno de las instituciones se refiere a la clamorosa falta de un consenso e incluso de un marco de reflexión sobre uno de los pilares fundamentales del Estado del bienestar. No solo porque la sucesión de procesos electorales mantiene abiertos todos los interrogantes sobre la solvencia futura del sistema, el cálculo más justo y socialmente rentable de las pensiones y la determinación de las fuentes de ingresos entre cotizaciones e impuestos. Además

, la liza partidaria permanente disuade a las formaciones en competencia de ahondar en el asunto, con lo que los agentes económicos y sociales se sienten también eximidos de abordar la cuestión en una perspectiva a medio y largo plazo. Nadie quiere dar malas noticias sobre la viabilidad del sistema de seguridad social, todos optan por moverse en el supuesto de que seguirá vigente para siempre, solo algunos puntualizan que sus arcas deberán contar con una aportación creciente de la contribución fiscal. Ello a pesar de que su déficit es una noticia insistente, los últimos gobiernos han debido echar mano de sus reservas hasta agotarlas prácticamente, y ninguna autoridad concernida ofrece un cuadro de situación esperanzador y verosímil. Al temor de muchos de los actuales pensionistas a verse empobrecidos sin remisión se le suma el silencio electoral en que coinciden partidos e instituciones para soslayar la gravedad del problema.