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La decisión del Gobierno de explorar medidas para contener la factura energética de los hogares residenciados en comunidades con calefacción central sitúa al ministerio de Teresa Ribera ante una nuevo reto en la cadena de desafíos –en la gran economía y en las domésticas– que ... está suponiendo el alza de los costes energéticos. Resulta ilustrativo del momento que se encara por efecto de la guerra en Ucrania que el Ejecutivo que impulsó el cambio en 2020 para poder medir el gasto por vivienda de las calderas comunitarias y tratar de estimular así el ahorro –el plazo para culminar ese proceso vence en 2023– tenga ahora que buscar mecanismos para que los usuarios de las 900.000 instalaciones existentes no se vean aun más penalizados por el repunte de los precios del gas. Lo prioritario –contrarrestar el impacto de una inflación en máximos históricos– se ha antepuesto a lo que era urgente o necesario –refrenar la crisis climática–, aunque algunas de las políticas que se están adoptando ahora por la fuerza de las circunstancias puedan acabar favoreciendo al objetivo estructural. Que era adaptar y mejorar nuestros hábitos de consumo en busca de la eficiencia energética y la salvaguarda medioambiental.
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