Caso Borràs, política y ética

El proceso judicial que enfila hacia el banquillo a la presidenta del Parlamento catalán y presidenta de Junts, Laura Borràs, por haber fraccionado supuestamente 18 contratos para adjudicárselos a dedo a un amigo cuando desempeñaba otro cargo en la Administración sitúa a su partido y ... a Esquerra Republicana ante un dilema de evidentes consecuencias políticas pero que no puede soslayar las consideraciones éticas. Las reacciones de las dos fuerzas que comandan el Govern, enmarcadas en el extenuante pulso entre ambas por el liderazgo del independentismo hoy atenuado, anticipan un nuevo enredo, ahora sobre el futuro de Borràs. El artículo 25.4 del Reglamento de la Cámara establece la suspensión de los derechos de los parlamentarios en caso de tener que ser juzgados, un precepto por el que la dirigente separatista dice no sentirse concernida presentándose como víctima de la represión del Estado por el procés. Junts y ERC pueden tener la tentación de maniobrar con un caso tan vidrioso en los espinosos equilibrios que mantiene el secesionismo. Pero la primera pregunta –y por la que antes deben verse interpelados– es si, de verdad, la presidenta puede seguir al frente del Parlament de todos con su probidad y credibilidad tan en entredicho.