Blindaje estratégico

La irrupción de la pandemia y la declaración del estado de alarma en marzo del año pasado provocó una fuerte caída de las bolsas y dejó desguarnecidas numerosas empresas que quedaron casi a precio de saldo. El Gobierno reaccionó y el decreto de medidas económicas ... urgentes de aquel mismo mes incluyó la creación de un escudo antiOPAs, es decir, la suspensión de la liberalización de las inversiones extranjeras en España, siempre que representaran el 10% de la compañía o cuando se participase «de forma efectiva en la gestión o en el control de dicha sociedad». En noviembre, se modificó aquel texto, que permanecerá vigente hasta el próximo mes de junio: la medida no solo afectaba a los países exteriores a la Unión Europea sino también a los de dentro y acotaba el término «control», que ya sería, según la ley de Defensa de la Competencia, el resultante de contratos, derechos o cualquier otro medio que confieran «la posibilidad de ejercer una influencia decisiva». La mayoría de los países de la UE ha creado instrumentos semejantes. La protección de los sectores estratégicos ante los inversores internacionales dio lugar a la conocida «acción de oro», que la UE decidió eliminar alegando criterios de reciprocidad. Pero la llegada de la crisis ha lanzado las alarmas y los Estados tienen ahora beneplácito para participar, bien con rescates, bien con vetos, en determinadas actividades. Los sectores estratégicos, no definidos en el decreto, sobre los que tendría sentido tal cautela serían el energético, el tecnológico y las telecomunicaciones, infraestructuras y construcción, así como los bancos y el turismo.