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Entre los chaparrones que llovieron sobre el Gobierno por el proyecto de Presupuestos Generales del Estado, el crecimiento del gasto social es el que recibió más cantidad de pedrisco. Entre todo, acaso se llevó la palma el aumento del Salario Mínimo Interprofesional (SIM). Pero en ... medio de la tormenta llegó la buena nueva de que voces cualificadas como la del profesor de la Universidad de California en Berkeley, David Card, recién galardonado con el Premio Nobel, contradijera esas críticas con una demostración empírica de que se puede aumentar el SMI sin que provoque destrucción de empleo y que, incluso, esa medida pueda provocar la creación de más puestos de trabajo.
Esa medida ha sido un balón de oxígeno para los más vulnerables que al final de mes verán aumentadas las ayudas. Y es que al Ejecutivo de Pedro Sánchez le golpean a poco que mueva ficha. Para detener el escandaloso aumento del precio de la luz se han barajado en la Moncloa distintas alternativas. Entre otras, poner límite a los beneficios de las compañías eléctricas por decreto ley. Se ha llegado a analizar fijar un máximo de ganancias del 10%. En la entrevista que Antonio García Ferreras hizo a Pedro Sánchez, el presidente reiteró su compromiso de aplicar otras medidas, sin decir cuáles, para conseguir que cuando termine el año se habrá pagado por la luz lo mismo que en 2018.
De momento, no ha llegado la sangre al río. Y si no que se lo digan al portavoz del PNV, Aitor Esteban, que ahora apunta débilmente la posibilidad de no apoyar los Presupuestos, cuando el sí estaba casi otorgado. Su defensa del tejido industrial vasco, una de las razones de ser del PNV, ha montado la guardia. Y es que la luz ha subido en doce meses un 44% y todavía no ha llegado la época invernal. De momento, el jueves en el Congreso, se tramitó un decreto que regula el plan de choque del Gobierno contra la crisis energética, en medio de la reconvención de la derecha y la ultraderecha y el reproche del PNV.
Por este real decreto, las compañías eléctricas tendrán que devolver parte de los beneficios extraordinarios obtenidos al repercutir el sobrecoste del gas no utilizado. Ese apartado lo valora el Gobierno en 2.600 millones. Pero la vicepresidenta tercera no aplicará la medida sobre aquellos contratos fijos que se firmaron antes de la escalada de precios. Anunció que aquellas compañías que «garanticen 'exnovo' precios estables», de manera que se impulsen precios razonables para la industria, tampoco se verán golpeadas. Las presiones europeas algo habrán tenido que ver y las quejas de los presidentes de las eléctricas habrán sido parcialmente escuchadas.
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