Ayudas con transparencia

España puede jactarse de ser el primer país en formalizar requisitos y trámites para acceder a los fondos europeos, a pesar de lo cual tiende a quedarse más atrás al acceder a los adelantos financieros. En cualquier caso, nuestro país, que es junto a Italia el principal beneficiario neto de las ayudas, debe ir también en cabeza para gestionarlos con la máxima transparencia y una eficiencia evaluable. La mera sombra de litigiosidad sobre su reparto entre las distintas administraciones nacionales puede dilatar su concesión e inducir una severidad adicional en la supervisión de Bruselas. Tanto en el plano técnico como en el político. De ahí que el Gobierno y las demás instituciones afectadas tengan la obligación de adelantarse a cualquier duda que pueda surgir en esa materia recurriendo a los cauces de comunicación y entendimiento ordinarios y evitando judicializar las diferencias de criterio. Además, el acceso territorializado a los fondos y su concesión a determinados proyectos empresariales no excluye a otras autonomías o compañías de participar en la distribución de ellos y de cualesquiera otros.

El Ejecutivo de Pedro Sánchez tendrá que responder a los requerimientos que deriven del recurso al Supremo anunciado por Ayuso. Pero deberá hacerlo aunque no se sustancien en un procedimiento judicial. Porque corresponde al gestor central de las ayudas europeas dar cuenta pormenorizada de sus actuaciones, especialmente en este momento inicial de su distribución. Y explicar antes de nada las razones que, en este caso y en los que se planteen en el futuro, pueden llevarle a derivarlas a modo de subvenciones directas a unas comunidades y no a otras.