Ayudas en marcha

La Comisión Europea dio ayer su visto bueno al Plan de Recuperación y Resiliencia presentado por el Gobierno para acceder a las millonarias ayudas para combatir la crisis económica causada por la pandemia y transformar en profundidad el tejido productivo. La presencia en Madrid de Ursula von der Leyen sirvió para testimoniar el compromiso de Bruselas con las intenciones expuestas por Pedro Sánchez de cara a dedicar el 40% de los fondos a la transición ecológica y el 28% a la digitalización para modernizar especialmente las pymes y la propia Administración pública. Tras ser el primer país en presentar su documento, España fue el segundo en recibir el plácet del Ejecutivo comunitario tras Portugal. Pero después de la definitiva luz verde que el Consejo Europeo conceda en su próxima reunión de julio, que aseguraría para el presente año un adelanto de 19.000 millones de los 27.000 previstos en los Presupuestos Generales, los proyectos españoles deberán ser validados por su aportación innovadora y viabilidad, en competencia –aunque sea indirecta– con otros semejantes o alternativos que promuevan los demás socios de la UE.

A partir de la buena noticia de ayer, el desafío inmediato es que el destino de esas primeras ayudas cuente con la anuencia de todas las comunidades y no genere especiales reservas críticas en el tejido empresarial español. Sánchez anunció la convocatoria de una Conferencia de Presidentes autonómicos para «antes del verano». Un marco ineludible de cara a que España en su conjunto se sienta integrada en condiciones de igualdad en la distribución territorial de los fondos europeos. Siempre teniendo en cuenta que todas las instituciones concernidas deberán asegurar la absorción eficiente de los 69.500 millones de euros disponibles. También el Ejecutivo de La Rioja debe asumir la ineludible responsabilidad de garantizar el buen fin de esas ayudas de las que, finalmente, también podrán beneficiarse los sectores del vino, el calzado y el mueble en la justa proporción en que hayan resultado damnificados por la pandemia.

Queda aún por clarificar un amplio capítulo de reformas en cuanto a la legislación laboral, el futuro del sistema de pensiones y el horizonte tributario, que son materia de diálogo social y consenso político interno, pero no resultan ajenas al compromiso que el resto de la Unión asumirá respecto a España una vez que se libere la primera partida del plan Next Generation.