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El criterio fijado por el abogado general del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) sobre el futuro procesal de Carles Puigdemont, por el que abre la puerta a la entrega del expresidente catalán a España frente a las reticencias de la Magistratura de ... Bélgica donde se encuentra huido, constituye sin duda un alivio para la jurisdicción española y, singularmente, para el Supremo. Es cierto que habrá que esperar a conocer el dictamen definitivo del TJUE y su eventual efecto sobre las reclamaciones del magistrado Pablo Llarena. Pero el hecho de que el abogado general haya constatado que las euroórdenes se basan en el principio de reciprocidad y que la justicia belga ha de acreditar, para bloquear la extradición, «deficiencias sistémicas» y objetivas en el modelo de garantías español no solo supone un espaldarazo al Supremo que deja la pelota en el tejado del país en el que ahora se encuentra Puigdemont; también avala el correcto y leal funcionamiento de las figuras legales comunitarias. La discrepancia sobre la causa contra el expresident no puede alimentar la falacia de que ha sido víctima de una vulneración de sus derechos. Ni ocultar que es él quien se ha convertido en figura incómoda para, al menos, parte del secesionismo.
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