Autoridad en entredicho

La Sala de lo Contencioso del Tribunal Supremo confirmó ayer la inhabilitación de Quim Torra como parlamentario catalán aprobada por la Junta Electoral Central en aplicación de la condena por el delito de desobediencia dictada contra él. La posición unánime de los cinco magistrados al ... desestimar la suspensión cautelar de esa decisión hasta que la sentencia sea firme no prejuzga lo que tanto ellos como la Sala de lo Penal resuelvan finalmente ante los recursos del líder independentista. Pero parece más que improbable que los primeros acaben corrigiéndose a sí mismos y la segunda opte por echar abajo el fallo del Tribunal Superior de Cataluña cuando en el juicio oral el propio Torra admitió su desobediencia al no haber retirado pancartas a favor de los políticos presos del balcón del Palau de la Generalitat como le ordenó la JEC. El Supremo entiende que la inhabilitación momentánea como parlamentario entraña, por su reversibilidad, menos riesgos que la continuidad de Torra en su escaño sobre la base de que la Ley Electoral establece la ilegibilidad de los condenados aunque no lo sean en firme, una situación que por analogía atribuye en este caso a una persona ya electa. Frente a ello, el reglamento del Parlament exige una condena en firme -aún inexistente- para inhabilitar a uno de sus miembros. La probable discrepancia entre ambas instituciones sobre el alcance de la resolución adoptada ayer no tiene que derivar necesariamente en otro proceso por desobediencia, pero puede dar pie a la eventual impugnación de cuantas decisiones adopte el Legislativo con la participación de Torra en sus votaciones. Está por ver si el empecinamiento del presidente de la Generalitat en ignorar al Supremo - «soy diputado», insistió ayer tras ser confirmada su inhabilitación- es un gesto hacia la galería o un desafío que asumirá con todas sus consecuencias dentro del clima preelectoral que vive Cataluña. Torra decidió 'judicializarse' cuando optó por desoír una y otra vez el mandato de la JEC. Cuando reconoció ante el Tribunal Superior de Cataluña que había desobedecido a ese organismo. Lo hizo desde la Presidencia de la Generalitat, no en su condición de parlamentario, por lo que parece ilógico que de sustanciarse la inhabilitación se limitara a su acta de diputado. Él es, como acaba de recordar Pedro Sánchez, el máximo representante de la Generalitat y del Estado en Cataluña. Pero su autoridad institucional y su capacidad de interlocución están en entredicho aunque su inhabilitación no sea firme.