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Autonomías de Estado

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EDITORIAL ·

La reunión de Santiago plantea una cuestión nuclear: cómo alcanzar el principio de igualdad con once millones en la España despoblada

Miércoles, 24 de noviembre 2021, 01:00

Los presidentes de Galicia, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Aragón, Extremadura, Asturias, Cantabria y La Rioja se reunieron ayer en Santiago para fijar una posición común ante la improrrogable reforma del sistema de financiación autonómico, con el afán de que se tengan en cuenta ... las circunstancias de las comunidades con la población más diseminada. Las ocho autonomías, que suman once millones y medio de habitantes censados, representan casi una cuarta parte de la población española y más del 60% del territorio nacional. Cabría compararlas también con el resto de España en cuanto a la pirámide de edad y las oportunidades de diversificación económica y crecimiento. La iniciativa de la que Alberto Núñez Feijóo fue anfitrión plantea una cuestión nuclear: cómo puede realizarse el principio de igualdad cuando once millones de conciudadanos viven en la parte despoblada del país. Solo si la dispersión poblacional pasa a formar parte de la ecuación básica del nuevo sistema de financiación autonómico, en tanto que se trata de planear inversiones y ofrecer servicios públicos sin que sus destinatarios finales se vean obligados a migrar hacia las urbes medianas o grandes. Lo que concierne tanto al sistema de financiación como a los Presupuestos, de manera que contribuya a corregir también las diferencias en cuanto a la recaudación tributaria. En el documento de 35 puntos acordado ayer y sobre el que Concha Andreu elogió su carácter consensuado, destaca el compromiso de los reunidos en dotar a la España descentralizada de recursos que aseguren la solidaridad y la igualdad de oportunidades para todos los ciudadanos, desde una lealtad institucional que solo puede hacerse efectiva en la multilateralidad del Consejo Fiscal y Financiero frente a apaños bilaterales entre el Gobierno central y unas u otras autonomías. Por eso mismo las declaraciones de la ministra de Política Territorial, Isabel Rodríguez, resultaron inexplicablemente frías, dando más bien largas a la reforma requerida y situando como requisito previo el consenso. Los reunidos ayer deberán conciliar sus aspiraciones con comunidades que tienen razones para verse infrafinanciadas, con aquellas que como Madrid y Cataluña se reivindican al frente del país aunque sea en sentido divergente, e incluso con los territorios forales. De fondo persiste el pulso entre el Estado central, aunque se muestre providencial respecto a las autonomías, y el autogobierno de las comunidades de nuestro Estado compuesto.

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