La autoexigencia del rey

La salida de España de don Juan Carlos ha desatado una oleada de ataques a la monarquía parlamentaria instaurada por la Constitución de 1978. Las voces dedicadas a esta labor parecen olvidar que don Juan Carlos goza de la presunción de inocencia, uno de los cimientos de nuestro Estado de derecho. E ignoran la declaración de su abogado, reiterando la disposición del rey emérito a volver en cualquier momento a nuestro país para declarar y colaborar con la justicia. Ante posibles errores graves en su comportamiento privado, parece que su obra política no merece valoración positiva alguna, cuando fue artífice de la Transición y la llegada de la democracia, seguida de casi cuarenta años de un reinado con niveles de libertad y progreso desconocidos antes en nuestra historia. No hay una demanda ciudadana real para dejar atrás una monarquía parlamentaria, cuya utilidad en múltiples facetas de la vida pública está probada desde hace cinco décadas. Lo más grave es que, mientras la figura del anterior rey es sometida a la llamada pena del telediario, se pierde el respeto institucional y el reconocimiento debido hacia el actual titular de la Corona, cuyo comportamiento desde su proclamación en el año 2014 solo puede calificarse de ejemplar.

La tarea que tiene por delante Felipe VI es mantener y acrecentar la confianza que expresan la mayoría de los españoles en la institución que representa. Junto al cumplimiento exacto de sus deberes constitucionales, el actual Monarca ha aumentado desde la Casa Real de forma muy significativa los niveles de transparencia, rendición de cuentas y buena gestión y ha delimitado con precisión los componentes y las tareas de la Familia Real. El imperativo de un rey en una monarquía parlamentaria del siglo XXI demanda tal autoexigencia. Solo desde esta premisa el monarca puede simbolizar los valores que unen a los ciudadanos y proyectar desde la jefatura del Estado una imagen atractiva de España en el mundo. El discurso del rey en medio de la crisis sanitaria, económica y social que atravesamos ha de acentuar el reclamo de solidaridad y dar voz a la esperanza en el futuro. Esta visión positiva, de llamada a la unidad y a la suma de esfuerzos para remontar las dificultades, acrecienta la legitimidad social de la Corona. El Gobierno y las demás instituciones del Estado deben defender a Felipe VI y a la institución que encarna. Al hacerlo gana la moderación, el cumplimiento de las reglas del juego y la posibilidad de seguir conviviendo en libertad, tal y como garantiza la Constitución.