Sin atajos

Para intentar resolver la crisis migratoria, ayer se reunieron en Moncloa el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas. La conclusión: activar «cuantos recursos tenga el Estado» para lograr que los menores llegados desde Marruecos que permanecen en la ciudad autónoma sean devueltos al país vecino «cuanto antes», cumpliendo las leyes vigentes. Pero no se sabe cuánto tardarán aunque la mayoría se encuentran alojados en una instalaciones que se habilitaron para una estancia temporal, que se ha alargado ya más de tres meses, y un porcentaje «muy notable» de estos jóvenes se encuentran en la calle en condiciones precarias. Lo que no contempla en ningún caso el Gobierno es trasladar a los jóvenes a la península, que podría acabar teniendo un efecto llamada.

Nuestra normativa sobre inmigración es sumamente estricta en lo referente a los menores de edad, y así debe ser por su mayor vulnerabilidad. Es lógico que la Justicia proteja a estos 700 jóvenes y no reconozca el acuerdo de 2007, que no tiene rango de ley y que no es más que el resultado de la buena voluntad de las partes para allanar los conflictos fronterizos. Las devoluciones deberán ahora individualizarse y argumentarse, y se deberán cumplimentar los requisitos que acrediten que los menores devueltos tendrán acogida satisfactoria en su país. El ministro juez ha chocado con el garantismo de nuestro sistema judicial, que por otra parte asegura la integridad de nuestros derechos y libertades. No hay atajos cuando se trata de la ley.