El encuentro de ayer entre el presidente Pedro Sánchez y el líder del primer partido de la oposición, Pablo Casado, envolvió con tono distendido la persistencia de discrepancias rayanas en la incompatibilidad mutua. Ni siquiera la emergencia del momento ha servido para atenuar la confrontación ... entre socialistas y populares, más allá de la obligada cooperación entre las administraciones gobernadas por ambos partidos. Hasta el punto de que los dos dirigentes parecen recrearse en la divergencia como seña de identidad. El primero, llamando a la unidad sin ofrecer algo que la propicie. El segundo, alegando que para ser alternativa no puede cejar en su actitud de oposición a ultranza. Como si hubiesen decidido hacerse el juego de esa manera.
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El presidente del PP acudió a La Moncloa para subrayar su negativa a negociar los Presupuestos de 2021 o acordar la renovación de instituciones y órganos que dependen de las Cortes mientras Unidas Podemos forme parte del Gobierno. Una actitud que la ministra portavoz calificó de «frentista». Casado y su partido pueden tener razones para cuestionar la pertinencia de que una formación como la que encabeza Pablo Iglesias participe en el Gobierno. Pero al exigir su salida de él como condición previa para cualquier negociación importante –lo que dejaría al PSOE en absoluta minoría y a Sánchez abocado a convocar elecciones– es el PP quien acaba constriñendo su campo de actuación y renunciando a explorar las manifiestas e insistentes contradicciones en las que incurren los socios en el poder, con el desgaste que una cohabitación en tales condiciones puede conllevar para el Gabinete. De esa forma, resta posibilidades al conjunto del país en un momento en que más necesario se hace el consenso político y la sintonía institucional.
Casado quiso compensar ayer su firmeza opositora con la propuesta de una nueva autoridad independiente para gestionar la financiación extraordinaria procedente de la UE. Pero sería un sinsentido la gestación de programas y proyectos que no arraiguen en los Presupuestos Generales y marchen en paralelo a la acción de las administraciones ordinarias. Plantearlo así deja entrever que no acaba de entenderse cuál es la naturaleza del plan de recuperación europeo, al tiempo que pone en entredicho la legitimidad de las instituciones ordinarias del Estado para engarzar con las de la UE.
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