Asesores

E n abril de 2018, el Parlamento aprobó, con el único 'no' del PP y muchos reproches, permitir que los grupos dispusieran de un asesor. La medida se justificó por la necesidad de mejorar la actividad de un hemiciclo casi amateur e, indirectamente, anticipaba la ... reciente profesionalización de la Cámara, ya que la figura estaría retribuida –35.000 euros de nómina que ahora ronda ya los 36.400, aunque sin parking gratis todo el año en el centro de Logroño como sus señorías– a cuenta del capítulo I del Presupuesto de la institución y no de las subvenciones concedidas a los grupos. Incluso los más reacios se apresuraron a acogerse a esta fórmula para la que no se reguló ni el perfil ni las tareas concretas que debía cumplir el colaborador. En resumen: cada partido podía elegir a quien estimase, sufragado con dinero público y sin modo de fiscalizar su desempeño. Con contadas excepciones de profesionales con experiencia en tareas burocráticas y legislativas, el resultado ha sido una vía para disponer de muchos periodistas y acomodar a fieles sin ubicación, con un baile de nombramientos y designaciones –a veces por razones luctuosas– que ha tenido su epítome en el caso de Podemos. Primero con la contratación de Francis Gil, el negociador llegado de Castilla-La Mancha y que casi nadie en el Parlamento asegura haber visto, y ahora con la elección y destitución en apenas un mes de Máximo Manuel Brito. Quizá suena raro, pero no debe ser así cuando se ha acordado tener otro segundo asesor por grupo (más la secretaría, también eventual) al margen además del número de diputados en cada bancada.