Armonización fiscal

En los regímenes federales o cuasi federales como el español suele existir una cierta armonización fiscal, con márgenes de variabilidad que hagan posible que los entes federados mantengan una cierta capacidad normativa a la vez que se impide la competencia desleal y se iguala la disponibilidad de recursos para proporcionar servicios públicos semejantes. Parece también lógico premiar la eficiencia, por lo que la armonización no debe llegar a la homogeneización, pero es sí deseable que prevalezca el sentido de equidad en esta clase de regímenes.

El debate que aquí se ha planteado es en el fondo muy parecido al que tiene lugar en Europa, donde la fiscalidad es muy heterogénea y la presión fiscal oscila entre el 23% del PIB en Irlanda y el 48,4% en Francia (España está en el 35,4%). No es de recibo que en el espacio económico europeo las grandes multinacionales encuentren cobijo fiscal en verdaderos paraísos fiscales como son actualmente Irlanda y Luxemburgo. La tasa digital y la que gravará las transacciones financieras puede contribuir a paliar el desaguisado, pero no son la solución idónea, que consiste, antes o después, en ir aproximando los sistemas impositivos, hasta que la moneda única adquiera por completo un significativo respaldo fiscal.

Tanto en la UE como en nuestro Estado de las Autonomías, esta reorganización beneficiará a unos y perjudicará a otros en primera instancia, por lo que será muy difícil obtener un consenso integrador, aunque habrá que buscarlo.