El documento de 36 folios con el que la fiscal coordinadora de Extranjería, Beatriz Sánchez, archiva la investigación abierta por la tragedia en la valla de Melilla de la que hoy, justamente, se cumplen seis meses tiene consecuencias jurídicas y políticas en lo inmediato. El ... carpetazo del Ministerio Público exonera de un eventual delito de homicidio imprudente, por acción o por omisión del deber de socorro, a los uniformados españoles que participaron en el dispositivo para intentar frenar el salto de 2.000 subsaharianos el 24 de junio –la muchedumbre se restringe a entre 700 y 800 en los momentos de mayor peligro– y que acabó con la muerte de 23 inmigrantes; esta cifra, la que reconocen las autoridades de Marruecos y asume el Gobierno español, es la que hace suya la Fiscalía, frente a los balances aún más dramáticos de las ONG o de Amnistía Internacional que llegan a elevarlos hasta 72. En paralelo, las conclusiones de la investigación alivian la presión sobre el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, en varios aspectos capitales: que los hechos tuvieron lugar bajo jurisdicción marroquí, pese a las consideraciones técnicas del Catastro y las diferentes informaciones periodísticas, basadas en imágenes grabadas aquel día; que los efectivos de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado afrontaron «un ataque violento, masivo e incontrolado» sobre la frontera nacional, ante el cual actuaron de manera proporcionada; que no hubo elusión del deber de auxilio porque los guardias no pudieron tener conciencia de la envergadura de la avalancha en su trance más crítico; o que las 470 expulsiones exprés que la Fiscalía da por acreditadas, al igual que el Defensor del Pueblo, se ajustaron a las previsiones legales.
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El informe de la Fiscalía avala así, en sus vigas maestras, la versión de la tragedia de Grande-Marlaska y difiere de la reprobación de la oficina de Ángel Gabilondo. Pero la exculpación de quienes repelieron la avalancha y, por extensión, de Interior constituye un archivo en falso ante las lagunas que persisten sobre la tragedia –empezando por la aclaración, sin sombra de duda, de cuántos inmigrantes murieron– y de las que España no puede desentenderse como si todo hubiera sido fruto de la fatalidad. Máxime cuando la propia Fiscalía constata que la información dotada de oficialidad de que dispone es la que le proporcionan los responsables marroquíes, más predispuestos desde el principio a sepultar lo ocurrido que a despejar los interrogantes sobre las muertes en la frontera común.
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