Un aprieto muy serio

El juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón ha elevado al Supremo sus conclusiones indiciarias sobre el 'caso Dina' al estar aforado Pablo Iglesias por su calidad de diputado y vicepresidente segundo del Gobierno. Traslada así al alto tribunal la investigación de los hechos por si pudieran ser constitutivos de los delitos de descubrimiento y revelación de secretos, denuncia falsa, falso testimonio y daños informáticos. Ello después de que la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional reconociera a Iglesias la legitimidad para comparecer como perjudicado en la causa y sin que se haya solicitado el parecer de la Fiscalía para la resolución adoptada ayer.

Las peripecias que han trascendido sobre el teléfono móvil de Dina Dousselham y su contenido a partir del 1 de noviembre de 2015 apuntan a la responsabilidad de distintas personas y están sin duda sujetas a muy diversas versiones. Tanto que solo la investigación judicial podría desbrozar un terreno lleno de acusaciones cruzadas, sospechas en otros tantos sentidos y zonas de sombra y silencio, a no ser que la Sala Segunda del Supremo desestime el escrito de García Castellón y desbarate de entrada el calado más político de la causa al exonerar implícitamente a Iglesias. Mientras el Supremo delibera sobre la asunción o no de la investigación propuesta por el juez de la Audiencia Nacional, los responsables institucionales y los dirigentes políticos de uno u otro signo deberían conducirse con la máxima prudencia. Iglesias y Podemos están obligados a reflexionar sobre cuál será su actitud en el caso de que el alto tribunal se decida a investigar al líder morado. Con el código ético de la formación en la mano –que ya no contempla el supuesto de imputación como causa para renunciar de un cargo interno o público–, pero con el consiguiente repaso de las posturas que ha mantenido ante la investigación judicial de otros representantes públicos.

La situación emplaza también a Pedro Sánchez a pensar en la eventualidad de que su vicepresidente segundo se vea investigado por presuntos delitos, aunque de haberlos cometido lo hubiese hecho antes de ocupar ese cargo. Entre otras razones, porque la misma mañana en la que el presidente reiteró su llamada a la unidad de los partidos para la recuperación de la economía española vio cómo el optimismo de sus compromisos pasaba a un segundo plano por un problema que podría debilitar seriamente la coalición de Gobierno.