Aprieto para Sánchez

El Tribunal Supremo hizo público ayer un informe rotundamente contrario a la concesión por el Gobierno de los indultos solicitados para los doce condenados en el juicio del 'procés'. Su Sala de lo Penal considera por unanimidad que esas medidas de gracia constituirían «una solución inaceptable», ya que pretenderían corregir la supuesta «injusticia» de la sentencia dictada en octubre de 2019. Los magistrados que la firmaron sostienen que las penas impuestas fueron proporcionadas. Alegan para justificar su postura que los beneficiarios de esa eventual decisión no han aportado indicios de arrepentimiento, que no se atisba en ellos una «voluntad de reencuentro con el orden jurídico menoscabado por el delito» y que incluso han manifestado públicamente su propósito de «reincidir en el ataque a los pilares de la convivencia democrática». Todos estos argumentos, en línea con los expuestos por la Fiscalía, subrayarían la discrecionalidad política con la que procedería el Ejecutivo si, como anuncian las recientes declaraciones de su presidente, opta por desatenderlos y aprueba los indultos.

La ley que regula esta figura impide su concesión total en los casos en los que el tribunal sentenciador considere que no hay motivos de «justicia, equidad o utilidad pública» para ello. Por tanto, el Gobierno solo podría decretar indultos parciales, que podrían ser suficientes para la puesta en libertad de los líderes independentistas en prisión. Pedro Sánchez proclamó ayer en el Congreso que «hay un tiempo para el castigo y un tiempo para la concordia». Probablemente no dijo «para el perdón» –aunque sería el término correcto– porque los condenados y el secesionismo en su conjunto rechazan tal supuesto al entender que no han cometido ninguna irregularidad.

Es posible que la aprobación de medidas de gracia necesariamente parciales relaje los ánimos entre muchos catalanes, pero al precio de que pudiera resentirse aún más la concordia política en el resto de España y de poner en un brete al Rey, que habría de firmar un decreto en abierta contradicción con su contundente discurso del 3 de octubre de 2017 tras el referéndum ilegal. Ocurre, además, que gran parte del soberanismo da por amortizados los indultos y exige la amnistía, por lo que no cabe esperar muestras de gratitud por su parte ante la probable decisión del Ejecutivo, que contradice pronunciamientos anteriores de Sánchez y suscita recelos en sectores del PSOE.