El apoyo del estado de alarma

El presidente Pedro Sánchez declaró el pasado 6 de abril que no habría que prorrogar el estado de alarma a partir del 9 de mayo. La ministra portavoz, María Jesús Montero, manifestó ayer que «ojalá la incidencia acumulada permita que decaiga», advirtiendo que el Ejecutivo ... no actuará porque «presionen» las autonomías. Pero un Gobierno no puede remitirse solo a sus deseos, que son los de todos los ciudadanos en cuanto a un pronto final de la epidemia. Ha de explicar qué ratios deberían darse para afrontar lo que reste de pandemia únicamente con la legislación ordinaria de salud pública. Sin recurrir a restricciones sobre la libre circulación territorial y horaria, entre otras. Desde hace un año no se había dado una situación tan desigual en cuanto a la incidencia acumulada según autonomías, e incluso provincias. La media de ayer de 199 de incidencia acumulada a 14 días integra desde Madrid y País Vasco, con 336 y 332 respectivamente, hasta los 36 de la Comunidad Valenciana y los 67 de Murcia, pasando por los 214 de La Rioja, y puede resultar engañosa. Con comunidades en 'rojo', sin que las 'verdes' puedan proceder a la desescalada con la seguridad de no desarrollar nuevas cadenas o casos de contagio, en un entorno europeo y global preocupante, con la excepción del Reino Unido. Atendiendo al plan vacunal presentado por Sánchez, el 9 de mayo la inmunización alcanzará a cinco millones de españoles. Todo lo cual hace arriesgado afrontar el último mes de la primavera y la llegada del verano con la apertura total a la movilidad y sin límites horarios a la circulación de personas. La Ley Orgánica de 1981 que regula el estado de alarma establece que su declaración deberá ser acordada en el Consejo de Ministros por una duración que no podrá exceder de quince días, prorrogables con autorización expresa del Congreso de los Diputados. La prórroga requiere de una mayoría parlamentaria y, eventualmente, de un debate descarnado que el Gobierno y los grupos de la oposición rehúyen ante las autonómicas del 4-M en la Comunidad de Madrid. Pero la solicitud pública de Urkullu para mantener el estado de alarma viene a recordar que, incluso negándose a la prórroga, el Ejecutivo transferiría a las autonomías toda la responsabilidad sobre la salud de sus ciudadanos, transmitiendo, además, un mensaje de normalidad a los españoles que dejaría inermes a los gobiernos territoriales a la hora de adoptar medidas al límite de sus posibilidades legales.