Apariencias presupuestarias
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Si el mínimo del 15% en el impuesto de sociedades fuese tan crucial para la recaudación pública, el Gobierno debería revisar sus CuentasEl presidente Pedro Sánchez, y la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, llegaron ayer al acuerdo que desbloquea la presentación del proyecto de Presupuestos 2022 a cambio del establecimiento de un mínimo del 15% para el impuesto de sociedades y la redacción de una ley de vivienda ... acorde a los propósitos del grupo morado, que posibilitaría la intervención sobre el mercado del alquiler. Se trata de un pacto impuesto por Unidas Podemos que inclinaría al Gobierno ideológicamente hacia la izquierda, pero cuyos efectos pretendidamente igualitaristas no pueden darse por supuesto, como tampoco está clara la aplicación efectiva de lo acordado. Resulta cuando menos sorprendente que la parte socialista del gobierno y la parte morada de la coalición estuviesen ayer en condiciones de aprobar un proyecto presupuestario, salvo por la fijación de un mínimo tributario a las empresas.
Si esa medida fuese tan crucial para una «recuperación justa», supondría un incremento de la recaudación que exigiría revisar no solo el cuadro presupuestario para 2022; obligaría a corregir las previsiones para los próximos años. Pero si el Consejo de Ministros de mañana puede dar su plácet a los Presupuestos 2022, una de tres: o las ventajas recaudatorias de la medida se prevén exiguas, o se supone que generará efectos secundarios que reduzcan tales ventajas o el Gobierno viene manejando dos hojas de cálculo con y sin el 15% de sociedades. En cualquiera de los casos no es serio que la coalición PSOE-Unidas Podemos simule solventar sus diferencias con una iniciativa que deja de lado la tarea encomendada al grupo de expertos que deberá ofrecer un dictamen para la reforma fiscal antes del 28 de febrero de 2022.
A la espera de conocer la letra última del proyecto de ley de vivienda cuya elaboración podría dilatarse, no es mala noticia que Unidas Podemos se contente con salvar la cara con el enunciado de propósitos que en primera instancia dependerán del parecer de los demás grupos parlamentarios, y que a lo sumo brindará posibilidades de intervención a instituciones autonómicas y entidades locales que, probablemente, se muestren renuentes a aplicar la agenda morada. Bien sea en la regulación del alquiler en zonas tensionadas, bien en la penalización por IBI de las viviendas vacías. Aunque el bono joven de 250 euros al mes durante dos años para acceder a una primera vivienda resulte atractivo, el Gobierno no ha precisado cuál será su fuente de financiación.
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