Secciones
Servicios
Destacamos
En su intento de ganarse al independentismo para así obtener la supervivencia en el poder, Pedro Sánchez ha introducido la peligrosa práctica de ir modificando o suprimiendo leyes con tal de satisfacer las exigencias de sus socios catalanes. Con el pretexto de la «desjudicialización» se ... han eliminado las barreras destinadas a contener en el futuro una posible repetición de las acciones secesionistas de octubre de 2017, y para mantener la adhesión de tales interlocutores al mantra del «diálogo» ha desaparecido por parte del Gobierno toda referencia a la Constitución, e incluso al propio horizonte federal definido por el PSOE para una reforma del Estado en su asamblea de Granada.
Si queremos asimetría, ya la tenemos: en la coyuntura crítica actual, de caza y captura de votos por Sánchez, el Ejecutivo se presenta ofreciendo un cheque en blanco –ahora sí con vaga referencia al «marco constitucional»–, ante el firme binomio de amnistía y autodeterminación de sus proveedores. Es lo que de manera falaz se llama en el lenguaje oficialista afirmación de «la España real, la España plural» en el 23J, cuando se trata de un problema de utilidad marginal de sus votos, debido al azar, que potencia el papel político de quienes han retrocedido electoralmente, de ERC al PNV. Y en tal encrucijada, todo vale para satisfacerles, incluso una amnistía ajena a la Constitución, extraída por los pelos de la Ley de Enjuiciamiento Criminal de 1882.
¿Por qué no dar el siguiente paso, sirviéndose del procedimiento para darle la vuelta a los conceptos básicos definidos en el ordenamiento territorial y de la soberanía por la Constitución de 1978? Hay más de un antecedente histórico, pero tal vez el más claro sea el establecimiento del régimen totalitario por Mussolini en la Italia de 1920, a partir de la obra del jurista Alfredo Rocco: la ley fundamental vigente entonces, el Estatuto Albertino, no fue suprimida, sino envuelta en la normativa que instauró el Estado fascista.
A la vista de las rebajas de Estado hoy en curso, nada tiene de extraño que el lehendakari Urkullu haya decidido dar un paso más, en el sentido de proponer la mutación del Estado de las autonomías en una confederación, donde además Euskadi disfrutara de una bilateralidad especial, a su juicio legitimada por la historia. En el planteamiento, más que la aplicación de la máxima jesuítica y marxiana del 'suaviter in modo, fortiter in re', nos encontramos con otra máxima, vasca, más fuerte, 'itzak ederrak, biotza paltso' ('hermosas palabras, hermoso corazón') por cuanto mientras ofrece respetar la Constitución de 1978, se propone a las claras hacer saltar de entrada sus artículos 2º y 3º, relativos a la jerarquía entre la nación española y las nacionalidades y regiones.
La «plurinacionalidad» de Urkullu coincide con la impuesta por Francina Armengol en el Congreso y, buena o mala, es abiertamente anticonstitucional. Supone la existencia de tres naciones, Cataluña, Euskadi y Galicia, y un resto indeterminado –para Francina al menos cuenta con su idioma, el castellano–, sobre los cuales se alza un Estado. Si este tiene o no un contenido, a Urkullu, no le importa: es el interlocutor de la nación vasca, «donde desarrollamos nuestro ser». España, borrada del mapa. Con un pie forzado en la bilateralidad exigida: el derecho a decidir, «tampoco podemos aceptar que se impida al pueblo vasco manifestar su voluntad». Órdago encubierto.
Según es de uso en la jerga progresista, a esto le llama Urkullu «avanzar». No tiene en cuenta sin duda las advertencias formuladas por Hamilton en el texto fundador de la democracia americana, The Federalist Papers, sobre el riesgo de estallido de una confederación cuando asoma una contradicción entre intereses particulares y el general, ni las ventajas de la cohesión garantizada jurídicamente desde la Unión. El Tribunal Constitucional, claro, no le gusta: mejor presionar siempre al centro. Tampoco le preocupa lo ocurrido con la confederación de facto en Yugoslavia, a pesar del nombre de federación, al llegar a la rotación de presidentes: guerra y destrucción.
En contra de lo que muchos piensan, la federación es un ordenamiento territorial sólido, opuesta a la fragmentación del poder, con un centro común para las grandes decisiones y jerarquía precisa de competencias, garantizando y acotando el autogobierno de los Estados. Pensemos en Estados Unidos y en Alemania. Compatible con una escala no conflictiva de identidades y el principio de la igualdad de los ciudadanos, amenazado siempre por los privilegios en la pluralidad de soberanías confederal. Resulta explicable que nacionalistas catalanes y vascos lo rechacen y que falsifiquen una historia que desde 1500 avala la concepción constitucional –nación, nacionalidades– traducible en el concepto de 'nación de naciones', un eje español del cual emergen en momentos diferentes Cataluña y Euskadi, dando lugar a una doble identidad aún vigente para los ciudadanos de ambas. (Galicia 'is different'). ¿Única salida constitucional posible? La federal, hoy bloqueada por el muro que va de Urkullu a Puigdemont. Sánchez juega a otra cosa.
¿Ya eres suscriptor/a? Inicia sesión
Publicidad
Publicidad
Te puede interesar
Publicidad
Publicidad
Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.
Reporta un error en esta noticia
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?
Inicia sesiónNecesitas ser suscriptor para poder votar.