Antisistema y okupas

En cambio, sigue creciendo otro más complejo y delicado: la ocupación de viviendas por personas ajenas –los autodenominados okupas– que no respetan la propiedad privada y a veces hasta con cierta condescendencia oficial. Las dificultades legales para que los propietarios puedan recuperar algo tan íntimo como es el hogar familiar son un aliciente para los antisistema. Se adueñan de las viviendas y actúan como si fuesen propias. Hace tiempo que se reclama la ejecución de unas leyes –que existen– para que puedan ser desalojados en el acto, pero sin éxito.

Resulta bastante increíble que un Gobierno y unas Cámaras legislativas, que con frecuencia invierten su tiempo en debatir asuntos que afectan poco a la vida cotidiana de las personas, no encuentren una fórmula para resolver este problema conforme a las leyes, pero con mayor rigor al aplicarlas: a pesar de actuar con la legalidad, tanto las policías como la Guardia Civil tropiezan con inconvenientes para ejecutar las expulsiones.

Sin contar los casos en que los desalojos desencadenan disturbios callejeros que alteran la convivencia vecinal pacífica en barrios o urbanizaciones. Es evidente que el problema de la vivienda continúa siendo muy grave. Muchas familias viven en precario en casas que no reúnen las condiciones mínimas de habitabilidad y no es menos el malestar que por la imposibilidad de conseguir una vivienda digna sienten muchos jóvenes.

Adquirir un piso cuando no se tiene trabajo mínimamente remunerado es una utopía. Y lo mismo cabe decir del alquiler. Con un salario normal como el que reciben infinidad de jóvenes en edad de crear una familia es poco menos que imposible vivir teniendo cada mes la rémora de una renta de 600 o más euros.

No hay solución fácil y los Gobiernos –nacionales, autonómicos y locales– tienen un gran reto. Urge encontrar fórmulas para que cada ciudadano pueda acceder a una vivienda por vías legales. La okupación, sea quien sea, es ilegal y no puede ser permitida. Hacerlo significaría dar carta blanca a un tipo de delincuencia colectiva que si cunde el modelo puede expandirse a otros ámbitos.