Ánimo desde Bruselas

La Comisión Europea ha corregido al alza su previsión de febrero respecto a las perspectivas de crecimiento de la economía española, estimando que este año llegarán al 5,9%, y en 2022 alcanzarán un 6,8%. Nuestro país se situaría en porcentaje sobre su PIB a la cabeza de la reactivación europea. Pero porque ha sido el socio más afectado por la crisis del coronavirus, con un 10,8% de caída en 2020. Y recuperará el tono previo a la declaración de la pandemia más tarde que el resto de la Unión, aun adelantándose a finales de 2022. Lo que también supondrá que las administraciones públicas deberán volver a la disciplina fiscal, suspendida temporalmente a causa de la crisis, para los Presupuestos de 2023. La mejora del pronóstico europeo sobre la economía española se basa en la recuperación de la actividad a medida que se generalice la vacunación y accedamos a los fondos europeos. La primera variable dependerá de que, junto a la paulatina inmunización, entre este mes y el siguiente no se produzcan episodios de contagio que comprometan la campaña turística estival. Al tiempo que corresponde a la Comisión Europea asegurar la transferencia de las ayudas que contempla en sus propias previsiones. Aunque esto último dependerá de que el Gobierno español ultime iniciativas de reforma y proyectos de inversión en sintonía con los requerimientos de la UE. Aspectos ambos en los que el Ejecutivo de Pedro Sánchez no acaba de mostrarse claro y convincente, ni hacia dentro del país ni ante Bruselas. El cumplimiento de las previsiones que la Comisión avanzó ayer no se desharía, en todo caso, de tres zonas de sombra que arrastra España. Un paro estructural que actúa como diferencial negativo respecto al resto de la Unión, y que supondría una tasa del 15,7% de desempleo como balance de 2021, y se situaría en el 14,4% el año que viene. Un déficit público que se vería sensiblemente atenuado de cumplirse los pronósticos de crecimiento en una Europa que, según todos los indicios, inicia la recuperación; pero que exigiría contención y ajustes en las cuentas de 2023. Y una deuda pública que, en el mejor de los casos, bajaría al 116,9% del PIB al finalizar 2022. Las previsiones de la Comisión Europea insuflan un optimismo del que la economía española está necesitada. Pero también corren el riesgo de alentar la autocomplacencia de un Gobierno que por momentos aparece sobrado, sin motivo para ello.