Violaciones de derechos humanos en la dana

— Deja de buscar, Meri. Es tu padre.

No fue la Guardia Civil ni los militares ni la policía quienes encontraron el cuerpo del padre de Meri, vecina de Catarroja. Fueron los voluntarios quienes, diez días después de la dana que arrasó Valencia y alrededores, encontraron un cadáver que correspondía con las características que ella había dado con mucho detalle: una cadena con su nombre, un anillo.

El testimonio de Carlos también serviría para la ficción, pero es real:

— La verdad es que Dios y yo estuvimos cerca, resume este hombre de 79 años y vecino de Picanya cuando, «después del cuarto o quinto trago de barro», una vez que el agua entró y arrasó su salón, donde veía tranquilamente la televisión, cayó sobre un armario desde el que pudo salir hacia un patio donde un vecino le ayudó. Si Dios estaba ahí no somos quiénes para juzgar. Pero no era quien debía estar. Al menos no quien debía protegerle antes, durante y después de la emergencia que dejó 235 personas fallecidas, 227 de ellas en la Comunidad Valenciana, siete en Castilla-La Mancha y una en Andalucía.

Un nuevo informe de Amnistía Internacional pone palabras técnicas y análisis en materia de derechos humanos a lo que muchas personas sintieron: abandono. Denuncia cómo las autoridades de la Generalitat valenciana vulneraron el derecho a la vida y a la integridad física de cientos de personas, y pusieron en riesgo a miles de ellas al no haberles ofrecido información accesible y a tiempo sobre la naturaleza y el nivel de la catástrofe durante la dana y sobre las medidas de protección que debían tomar.

Además, recalca que, a pesar de que la ley otorga al gobierno central la posibilidad de asumir la dirección de la emergencia por iniciativa propia ante desastres de gran dimensión que puedan afectar a más de una comunidad, situación que sin duda se produjo el día de la dana, no ejerció esta facultad. Tampoco lo solicitó la Generalitat valenciana, ni el presidente de la Generalitat asumió de forma directa la dirección de la emergencia, a pesar de la magnitud de la crisis, ni siquiera cuando la situación ya se había desbordado.

Amnistía Internacional apunta a una falta de coordinación entre los distintos niveles de la Administración los primeros días posteriores al desastre. Una sensación de abandono que terminó en trauma: «Por la no toma de decisiones mi padre hoy está muerto», lamenta Marta (nombre ficticio). Una negligencia que vulnera derechos humanos.

Toda esta cadena de fallos no es solo una deficiente gestión, sino que implica violaciones de derechos humanos consagrados en Tratados Internacionales. También la normativa estatal y autonómica de protección civil reconocen el derecho de las personas a ser protegidas en caso de catástrofes, y a ser informadas de los riesgos y de las medidas de seguridad a adoptar para hacerles frente.

Sin embargo, la información no llegó. Ni antes de la tragedia: ha quedado más que demostrado que la alarma con indicaciones para protegerse sonó en los teléfonos de las víctimas cuando estaban con el agua al cuello o directamente ahogadas, a pesar de los avisos de varios organismos como la Aemet o la Confederación Hidrográfica del Júcar.

Ni durante: algunos responsables de ayuntamientos con los que habló Amnistía Internacional se quejaron del caos, abandono y descoordinación. También lo aseguran las propias víctimas: «Nosotros buscábamos a mi padre con bolsas de basura en los pies. A partir del sexto día ya llegaron mensajes de 'pónganse mascarillas y guantes', cuando llevábamos ahí varios días arrastrados, con barro hasta arriba y sin agua... Una higiene nula y nadie decía nada», relata Meri.

Pero es que tampoco la falta de información se solucionó mucho después: cuando acudimos a hablar con algunos supervivientes, tres meses después de la catástrofe, seguían lidiando con la falta de respuestas. «Sigo sintiendo el mismo desamparo o incluso más, porque ves que lo que quieren es pasar página y olvidar. Cómo pretenden que olvidemos. Yo lo que quiero es saber por qué mi padre ya no está», nos contaban.

AI alerta, además, de las consecuencias que los bulos o noticias falsas tuvieron sobre los derechos humanos de las personas afectadas. Por ejemplo, el Ayuntamiento de Catarroja ha declarado que la información sobre la rotura de una presa (Forata) en los días posteriores a la dana, les fue comunicada directamente por bomberos y policía local de Valencia. Y que solo cuando transcurrieron algunas horas tomaron conciencia de que no era una información veraz. Hay mucho que esclarecer en torno a lo que sucedió en la crisis, no solo sobre 'fake news'. Además de impulsar investigaciones penales exhaustivas, independientes y transparentes, y revisar los sistemas de comunicación y alerta en emergencias se debe garantizar una verdadera rendición de cuentas. Lo que ocurrió el pasado 29 de octubre no fue solo una dana. Fue un naufragio institucional que no debe repetirse, ni quedarse oculto bajo toda esa mancha de barro.