La tercera y última oleada del estudio de seroprevalencia realizado por el Instituto de Salud Carlos III confirma que más del 90% de la población española es susceptible de infectarse de Covid-19, dado que solo una media del 5,2% de las personas testadas ... ha presentado anticuerpos. Un porcentaje aún más alto en La Rioja, donde pese a que el virus castigó impíamente, la encuesta ha constatado que menos del 4% de los ciudadanos mantiene anticuerpos. La presunción de que pudiese haber más ciudadanos celularmente resistentes al coronavirus queda contrarrestada por las dudas sobre la duración de la inmunidad, toda vez que el propio estudio ha detectado la pérdida parcial de tal condición. Un 14% de los positivos de la primera ronda no presentaba anticuerpos seis semanas después. De esa forma se aviva el temor a que aquellos que hayan superado la infección sin síntomas o con leves afecciones puedan volver a padecerla. Todo lo anterior aporta argumentos a la necesidad de mantener la alerta individual frente al riesgo de contagiar o ser contagiado, dando continuidad a las medidas de prevención colectivas por parte de las administraciones, empresas y entidades sociales y culturales. La aparición diaria de nuevos brotes en distintas partes de nuestro país y en circunstancias diversas no solo confirma la latencia del coronavirus. Evidencia también que basta un pequeño descuido para que se facilite su transmisión, por lo que ha de atajarse toda actuación deliberadamente negligente. Que La Rioja sea hoy, con Asturias, la única comunidad libre de brotes no es más que una circunstancia coyuntural que no debe sugerir el mínimo triunfalismo. El propio director de Salud, Enrique Ramalle, lo verbalizaba ayer: «La susceptibilidad de la población ante el coronavirus es alta y la inmensa mayoría de los riojanos seguimos teniendo la posibilidad de infectarnos».
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Los sucesivos rebrotes que van surgiendo con distinta gravedad en España están demostrando que los servicios autonómicos de salud pública y de Atención Primaria están en condiciones de identificar y rastrear esos nuevos casos. Y que las correspondientes instancias políticas se han demostrado en disposición de adoptar a tiempo las medidas de restricción que la intensidad de cada nueva crisis requiera. Que no cuenten con los resortes jurídicos más precisos para afrontar cada amenaza no les exime, en cualquier caso, de responsabilidad.
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