Amenaza inconsistente

El Gobierno de Torra obedeció ayer, en el último instante, el requerimiento de la Junta Electoral Central, retirando lazos, carteles y pancartas desplegados por los edificios públicos de la Generalitat. También ayer el Consejo de Ministros resolvió impugnar ante el Tribunal Constitucional las resoluciones adoptadas ... por el Parlamento de Cataluña tras su último debate de política general, solicitando además que el TC advierta a la Mesa de la Cámara autonómica sobre las consecuencias penales en que incurre dando cauce a iniciativas que desoigan sentencias anteriores del Alto Tribunal. El propio president Torra será juzgado por el Tribunal Superior de Cataluña el próximo 18 de noviembre, acusado de desobedecer a la JEC con una petición fiscal de un año y ocho meses de inhabilitación especial. Este último caso es la única colisión institucional de alcance penal que se ha dado en Cataluña desde que se abrió el proceso judicial por los acontecimientos de septiembre y octubre de 2017. Y es de desear que la publicación de la sentencia del Supremo sobre el 'procés', prevista en el plazo de diez días, no sea utilizada por los responsables de la Generalitat para desafiar de nuevo a la acción de la Justicia. Pero el papel de supervisor a distancia que ejerce Puigdemont, bajo la ensoñación de que algún día regresará a hacerse cargo de la presidencia de la Generalitat, y la peculiar personalidad de Torra, actuando como testaferro del autoexiliado, amagan una y otra vez con un nuevo descarrilamiento de las instituciones autonómicas catalanas. Supuesto que no cabe descartar, pero que pierde fuerza al comprobar que Torra y Puigdemont se limitan a hacer llamamientos que ni sus seguidores se toman en serio.