ERC ha supeditado el voto a los Presupuestos a ciertas condiciones relativas a la ley audiovisual, que el Gobierno se ha comprometido ante Bruselas a promulgar antes de fin de año y que traspone una directiva comunitaria. Rufián exigía que un porcentaje de la producción ... de las plataformas –de todas– hubiera de versionarse en las lenguas cooficiales (se había fijado el 6% del total). Y así pareció aceptarlo el Gobierno antes de que el Ministerio de Economía avisara de que la directiva que se traspone no permite condicionar a las plataformas que no tienen la sede fiscal en el país en cuestión, casos de Netflix, HBO... Lo más curioso es que, a la vez que ERC, también Unidas Podemos –que ostenta cinco carteras en el Gobierno– ha mostrado su disconformidad con la nueva norma porque las lenguas propias no cooficiales no están incluidas, la gobernanza se deja en manos de Competencia y porque no se garantiza la financiación de las radios y televisiones autonómicas, además de las cuotas de producción. Lo pactado obliga, pero también hay que acatar el Derecho Comunitario. Lo absurdo es que se negocien propuestas que no son legales o que los partidos que gobiernan en coalición no tengan claro lo que aprueban en Consejo de Ministros.
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