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Los ocho asesinatos machistas cometidos en nuestro país durante este mes de diciembre, que podrían ser diez si se confirman dos casos en investigación, llevaron ayer al Ministerio de Igualdad a reunir por primera vez el comité de crisis previsto en la Conferencia Sectorial de ... Igualdad del pasado julio para ser convocado cuando a lo largo de un mes se produzcan cinco o más muertes. La medida representa una señal de alerta imprescindible aunque limitada, puesto que solo reúne a responsables de los ministerios de Igualdad, de Interior y de Justicia con cargos de las comunidades autónomas en las que se han producido los asesinatos. «Extremar la precaución» es el mensaje que la secretaria de Estado de Igualdad, Ángela Rodríguez, dirigió a las administraciones y a los ciudadanos. Aunque la señal de alerta debería dirigírsela a sí misma el Ministerio de Igualdad. Los asesinatos de este mes confirman que los momentos del año en que la convivencia entre el agresor y la víctima se hace más inevitable incrementan los riesgos de que la violencia machista desemboque en lo peor. Pero precisamente el hecho de que la mayoría de esos casos responden a un patrón con episodios de violencia de género y denuncias anteriores obliga a tener en cuenta todas las circunstancias que acompañan a la expresión violenta de la posesión machista. Atendiendo especialmente las situaciones de vulnerabilidad a causa de limitaciones físicas, de movilidad, cognitivas o como resultado de adicciones. O como consecuencia de un sometimiento emocional, psicológico, material o grupal constatable que deriva en dependencia e indefensión.
La alerta de diciembre ha venido a recordar que si bien a lo largo de 2022 se han atenuado estadísticamente los asesinatos machistas, la violencia de género sigue atormentando a tantas mujeres que no conviene confiarse en los datos de un breve período. Porque será imposible acabar con esos asesinatos sin desterrar la posesión machista en su conjunto. Tarea para la que tanto el Gobierno central como los autonómicos e incluso los servicios locales, las distintas instancias judiciales y los cuerpos policiales, pero también el poder legislativo, deben centrarse sin dispersar su atención y la de la sociedad. Por legítimas que sean las propuestas y debates en torno a la identidad personal y los derechos asociados, no pueden hacer que el Ministerio de Igualdad, el Gobierno y el interés público acaben diluyéndose en empeños que no deberían orillar la importancia y la urgencia de la violencia machista.
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