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Las consultas realizadas en atención primaria se incrementaron un 24% entre 2019 y 2021 y en ese período las plantillas de sus servicios aumentaron solo un 2%. Muchos profesionales estiman que la carga de trabajo que soportaron subió en realidad hasta un 40% debido a ... bajas por COVID-19, cuadros de ansiedad y el síndrome del trabajador quemado, que redujo la disponibilidad real de personal médico y de enfermería. La situación actual puede ser calificada de crítica, y está siendo descrita con términos como «sobrecarga», «saturación», «colapso» y hasta «ahogo» por parte de quienes atienden a los usuarios según autonomías y centros de salud o ambulatorios. Lo que a su vez repercute negativamente en el funcionamiento de la red hospitalaria y hasta en las condiciones que se viven en las residencias. La pandemia truncó los ya tímidos esfuerzos que en una parte u otra del sistema sanitario español se venían realizando para cambiar el paradigma de la atención a favor de la prevención y el seguimiento de las patologías crónicas, asociadas además a la mayor esperanza de vida. El COVID desbordó las capacidades de la primera línea, y nada podía percibirse como una patología más aguda que la que llenó las UCI y pospuso ingresos hospitalarios e intervenciones quirúrgicas, mientras la demanda de recursos crecía exponencialmente por razones demográficas, siempre por debajo de la disponibilidad presupuestaria.
Los equipos de cada centro de salud o ambulatorio agotan sus energías atendiendo citas concertadas y a los usuarios que se presentan sin solicitarlas o recurren a las urgencias extrahospitalarias, sin que cuenten ni con el tiempo ni con el sosiego precisos para idear y desarrollar planes de salud. Los límites financieros, la falta de profesionales de medicina familiar y comunitaria y la práctica imposibilidad de asentar plantillas, estrategias y abordajes bajo una presión inclemente dificultan la gestión pública de la salud de todos. Máxime cuando uno de los capítulos más importante de las cuentas del país –junto a las obligaciones de la deuda y al pago de las pensiones– es objeto de una diatriba política que en su simplicidad orilla la cuestión fundamental de cómo podemos hacer de una vida prolongada una vida en dignidad. Se requieren más recursos. Se precisa administrarlos con mayor destreza. Una mejor conexión entre la administración sanitaria y la Universidad. Y convendría contar para ello con gestores con más criterio y autoridad que no tuviesen que atender a consignas de partido o de oportunidad.
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