Ganar para salir perdiendo

La última sentencia del Tribunal Superior de Justicia de La Rioja (TSJR) que USO tenía pendiente contra la consejería de Educación del gobierno socialista, de la que daba cuenta ayer este periódico, es demoledora.

Tres mentiras –es decir, tres cosas que se sabe que no son ciertas y que se dicen una y otra vez, con intención de engañar– sirvieron a los directores generales del consejero Uruñuela cada vez que reclamamos que el alumnado de las dos redes sostenidas con fondos públicos en La Rioja tuviera los mismos derechos.

La primera, la más manida de todas, el famoso «no hay dinero». Este «no hay dinero» supuso que la red pública recibiera más de ochos millones de euros para poner en marcha el plan digital de centros y la red concertada no recibiera ni un céntimo. El impersonal «no hay» es en este caso el recurso fácil de quien no se atreve a decir «no hay para lo que tú me pides, pero sí para lo que yo quiero».

La segunda, un mantra que se repite con la intención de desplazar la responsabilidad de las malas decisiones a un tercero: «Los fondos europeos son finalistas y son solo para la red pública» Esta media verdad parece indicar que fue Ursula von der Leyen quien, desde su presidencia europea, decidió vulnerar los derechos constitucionales de un tercio del alumnado riojano, cuando en realidad la decisión la tomó el Gobierno de Concha Andreu. El sectarismo latente de esa legislatura ha quedado patente con las sentencias del TSJ de La Rioja: todas a favor de las reclamaciones de la red concertada. Los fondos públicos son públicos; es decir, de todos. Una vez más, se nos quiere hacer creer que la Carta Magna habla del derecho a la educación pública cuando la realidad es, y así se desprende de la sentencia a la que hacemos referencia, que en España hay un derecho público a la educación, y que corresponde al poder ejecutivo –en este caso, correspondía a la señora Andreu–, garantizar este derecho y, por consiguiente, financiarlo en igualdad de condiciones para todos los menores de 3 a 16 años, con independencia del lugar de nacimiento, el color de la piel, la religión, filiación política de los padres o red educativa que elijan estos para sus hijos. El poder judicial –los tribunales de justicia– así lo dicen.

La tercera, la más surrealista y fuera de lugar, esgrimida por el entonces director general de Innovación Educativa: que la solución al problema estaba en la supresión de media hora lectiva en los colegios de Educación Infantil y Educación Primaria. Esta propuesta, además de dar por supuesto que todos los centros educativos de la red concertada tienen el mismo horario, a sabiendas de que no es cierto, es una injerencia en la autonomía de organización que tienen todos los centros educativos de España. Se daba a entender que se trataba de un tema laboral –un profesor, 3 horas a la semana por cada colegio de la red concertada– cuando el asunto en realidad era la discriminación del alumnado, la privación de recursos –la formación de los profesores encargados de llevar a cabo el plan– para un tercio del sistema educativo riojano.

Ni siquiera la lógica funcionó como recurso argumentativo. Siendo la Consejería de Educación quien obligó a los centros a implantar el plan digital, no le parecía coherente que fuera esa misma Consejería quien asumiera, como mínimo, el coste del trabajo y la formación de los profesionales encargados de implantar la medida.

Hay veces en las que, ganando, se pierde. Los tribunales te dan la razón, pero el mal ya está hecho. No hay marcha atrás.

Casos como este, en el que las decisiones se toman pensando en las siglas en lugar de pensar en el ciudadano, parecen confirmar que el primer problema de la educación en La Rioja, y en España, es la bancada de enfrente; porque lo importante no es el alumnado, su formación y su futuro, sino defender un maniqueísmo trasnochado en el que unos son buenos y los otros son malos; y en el que algunos de los que, por la mañana reparten carné de defensores de la escuela pública, por la noche matriculan a sus hijos en la concertada.

Si queremos personas bien formadas, necesitamos un sistema educativo de calidad en el que las ideologías y las políticas de turno no sean el escollo con el que tropiezan año tras año las leyes de educación y los presupuestos de la región.