Alarma por el vacío legal

El presidente Pedro Sánchez deslizó en su comparecencia del martes la intención de prescindir del estado de alarma del 9 de mayo en adelante, anunciando un vacío legal que inquieta a los Gobiernos autonómicos, sobre los que recaerá tanto la carga operativa como la normativa. ... No parece casual que, como ocurrió con la desescalada de la primera ola, los Ejecutivos territoriales estén avanzando medidas de relajación en las que divergen entre sí. También el martes, el presidente hizo público un calendario de vacunación ambicioso y esperanzador. Al día siguiente el Consejo Interterritorial de Sanidad acordó suspender –«cambiar de estrategia», según Carolina Darias– la vacunación con AstraZeneca a personas de menos de 60 años –ayer la Ponencia de Vacunas la fijó entre 60 y 69– y también ayer se supo que Alemania estudia negociar por su cuenta la adquisición de la rusa Sputnik V. Con lo que los anuncios vacunales de Pedro Sánchez pierden sentido. Tras un año de pandemia, solo la práctica desaparición de la incidencia epidémica en el conjunto del territorio nacional –pongamos que una tasa inferior a 10– permitiría prescindir de la figura constitucional del estado de alarma, a falta de una legislación específica alternativa. Es posible que Sánchez piense lo mismo, pero haya optado por dejar que sean las comunidades autónomas y los grupos parlamentarios quienes soliciten prolongarlo con un articulado puesto al día. No en balde la pandemia es el terreno en el que los partidos y las instituciones que controlan han resuelto medirse entre sí, haciéndose valer del ventajismo unas veces, de la ambigüedad otras, y del cambio de criterio siempre. Porque prevalece la convicción de que la gestión de la pandemia y de sus efectos no es rentable políticamente. Nadie quiere hacerse cargo de más restricciones. Pero nadie se atreve a inaugurar un nuevo tiempo. Instaurado el principio de que la centralización de la compra de vacunas en la Comisión Europea era lo mejor que podían hacer los Veintisiete, se ha renunciado a evaluar críticamente las gestiones de Bruselas. Pero corresponde también al Gobierno Sánchez requerir que se despeje el horizonte vacunal a nivel europeo, tanto a la hora de restablecer la autoridad de la EMA, como en cuanto a la administración unitaria de compras de productos previamente validados. Y sobre todo corresponde al Gobierno Sánchez atender a la unánime disposición de la sociedad española a vacunarse, evitando decisiones que susciten lo contrario.