Ajustes bancarios

La transformación del negocio bancario puede suponer la salida de hasta 20.000 empleados en España entre el año pasado y este, a través de ERE y de planes individualizados, en un momento extremadamente delicado de la economía a causa de la pandemia. El propósito de CaixaBank de prescindir de 8.291 puestos de trabajo y de cerrar 1.534 oficinas, como consecuencia de la fusión con Bankia, no solo es el ajuste de mayor magnitud. Fija una pauta que puede resultar ineludible para la resultante de la confluencia entre Unicaja y Liberbank, y en general para el resto de las entidades bancarias. El anuncio del BBVA, de que formalizará un ERE para 3.798 trabajadores, suprimiendo 530 sucursales, confirma una tendencia que no podrán eludir las firmas restantes. Ello después de que en marzo el Banco Santander pusiera en marcha la salida paulatina de 3.572 empleados. Una vez anunciados los ajustes de empleo, resulta difícil que la negociación con la parte laboral pueda atenuar sus efectos finales de manera apreciable en compañías que se deben a su cotización bursátil. El caso de CaixaBank es especialmente significativo, dado que el 16% de su propiedad corresponde al Estado vía Bankia. Acciones que el Gobierno deberá vender en 2023 como tarde. Los mensajes críticos y de preocupación que en los últimos días han dirigido las vicepresidentas y ministras de Economía y de Trabajo, Nadia Calviño y Yolanda Díaz, y el titular de Seguridad Social, José Luis Escrivá, no pasan de ser tomas de distancia políticas respecto a las decisiones del banco. Reproches que han extendido hacia otras entidades que directa e indirectamente se beneficiaron de las ayudas públicas recibidas por el sector en la anterior crisis. No parece que la llamada del Gobierno a que el momento que atraviesa el país precisa del mantenimiento del empleo vaya a ser atendida ni que el Ejecutivo Sánchez se esmere para tratar de influir en decisiones con tanto impacto social. También resulta tardío solicitar ahora al Banco de España medidas de contención sobre las políticas de remuneración de algunos cuadros directivos. El riesgo de que esta corriente de ajustes en el sector se extienda a otras empresas españolas, afectadas por la pandemia y vinculadas a él por compromisos de financiación, es cierto y merece una llamada de atención más contundente por parte de las autoridades.