La última prórroga de los ERTE por impedimento o limitación a causa de las restricciones adoptadas frente a la pandemia llegará hasta el 28 de febrero de 2022. Broche honroso a una iniciativa de amplísimo consenso que ha salvado al país del desastre. El inicio ... de la tramitación parlamentaria del proyecto de ley sobre el futuro del sistema de pensiones completará esta semana un momento señero del diálogo social. Pero al mismo tiempo ese diálogo está mostrando signos de agotamiento. No solo porque a medida que se supera la crisis pandémica afloran intereses diferenciados entre los interlocutores. También porque la polarización partidaria tiende a trasladarse hacia el ámbito de las relaciones laborales. Bien sea porque el Gobierno trata de cubrir sus necesidades parlamentarias y sus tensiones internas con la complicidad de los sindicatos, bien porque la oposición de centro-derecha no concibe que las patronales puedan ponerse de acuerdo con un Gobierno de izquierdas.
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La inexistencia de consensos políticos básicos se ha visto compensada durante la crítica primera parte de la legislatura por el diálogo entre las organizaciones empresariales, los sindicatos y el Gobierno. La concertación social ha permitido al Ejecutivo prescindir de líneas de acuerdo con el PP y Ciudadanos. CC OO y UGT han recuperado buena parte del terreno perdido por sus respectivas federaciones gracias al protagonismo adquirido en el diálogo social, y por la fluidez de sus relaciones con el lado morado del Gobierno. A cuenta de la concertación –de los ERTE– CEOE y Cepyme han conseguido proyectar su representatividad más allá de sus propios afiliados, reivindicándose en la defensa de los intereses comunes al país.
Pero, una vez sorteado el peligro de que el COVID se llevase por delante miles de empresas y tres millones de empleos irrecuperables, no basta con solazarse a cuenta de los ERTE. Tras su última prórroga emergerá el desafío de la reforma laboral, y la nueva ley del sistema de pensiones se pondrá a prueba el mismo día en que se promulgue. La utilización de los fondos europeos será sometida a juicio nada más se reciba la primera partida. Es imprescindible que los sindicatos y las patronales recobren autonomía respecto al ámbito político, sin complicidades ajenas al compromiso entre ambas partes. Y que Gobierno y oposición perfilen sus políticas institucionales procurando acuerdos parlamentarios que no descarguen responsabilidades en los agentes sociales.
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