El agujero negro de la Justicia

Pero desde el principio de su mandato ya procedió a politizarla nombrando a una exministra de Justicia como Dolores Delgado para el cargo estratégico de fiscal general del Estado y ahora a otro exministro de Justicia (Juan Carlos Campo) como miembro del Constitucional. Esos nombramientos, junto al apartamiento de la Abogacía del Estado de Edmundo Bal, se percibieron como una declaración de principios de un Sánchez dispuesto a esquivar la norma de imparcialidad en beneficio de su proyecto político. La sustitución de Bal se hizo después de que éste se negara a omitir la violencia del delito de sedición que rebajaba las penas de 25 a 12 años.

Con el paso de los meses, tanto los indultos a los condenados por el Tribunal Supremo por el intento de secesión de Cataluña como la posterior reforma del Código Penal para eliminar ese delito, pusieron negro sobre blanco la determinación del presidente socialista en material de jueces y jurisprudencia. Al principal partido de la oposición también le corresponde su parte de responsabilidad en el deterioro del Poder Judicial por su falta de capacidad para negociar una renovación del órgano de los jueces que garantizara el relevo de los nombramientos y plazas en tribunales, audiencias y altos órganos del tercer poder del estado. Porque tras un intento fallido del primer gobierno de Mariano Rajoy para cambiar la legalidad y volver a un sistema de elección de los jueces por sus compañeros de carrera que encargó al entonces ministro de Justicia Ruiz-Gallardón, desistió de la reforma y volvió al reparto de cuotas con los socialistas.

El resto del arco parlamentario, con la honrosa excepción de Ciudadanos, se sumaron al sistema y a reclamar también una parte del Poder Judicial colocando a 'sus' jueces. El clima se ha enrarecido de tal manera que la renovación del órgano de gobierno se empantanó en un tira y afloja con jueces marcados y señalados con el dedo. Hasta el PNV aprovechó la confusión y el caos para reclamar jueces vascos y un Poder Judicial «nuestro» para la agenda de la próxima legislatura. Resultado: se desprestigia de la Justicia y se resiente la democracia.