Acuerdo vacío

El Ejecutivo tiene la fecha límite del 31 de diciembre para remitir a Bruselas su proyecto, previo diálogo con las organizaciones empresariales y los sindicatos. Es cierto que la Comisión Europea no ha fijado a priori requisitos insalvables más allá de la atención al empleo de los jóvenes y la superación de la dualidad entre trabajadores fijos y temporales. Pero ello no significa que los demás integrantes de la UE vayan a mostrarse indiferentes a la contrarreforma y a los apoyos con que cuente. Porque se trata de un examen sujeto a las promesas –desconocidas hasta la fecha– que haya avanzado Sánchez a las instancias comunitarias, más allá de las generalidades incluidas en el plan de recuperación. Pero, sobre todo, a la solidez que ofrezcan las relaciones laborales en nuestro país, empezando por un consenso en la mesa del diálogo social sin excluir a la empresarios.

El término «derogación» se limita ya a un triunfo partidario del que hasta los sindicatos toman distancia cuando la prueba definitiva es la que deberá afrontar la reforma laboral en la generación de más empleo y de mayor calidad. Es significativo que el pacto suscrito ayer por los socios del Gobierno se contente con señalar la temporalidad y la precariedad, junto al paro, como las «principales anomalías» del mercado de trabajo, con aspirar a «disponer de herramientas equilibradas en la negociación colectiva» y con «establecer condiciones claras para la subcontratación». El texto mantiene en suspenso todos los interrogantes de la nueva norma, con lo que permite que el diálogo social siga su curso. Pero, junto a ello, hace temer que el equilibrio buscado para garantizar la continuidad del Gobierno dé lugar a un proyecto evanescente que deje la regulación laboral demasiado en el aire.