El presidente del Gobierno y Pablo Casado acordaron ayer encauzar el diálogo sobre la «reconstrucción» tras la pandemia a través de una comisión específica en el Congreso. De esa manera, la 'mesa' propuesta por Pedro Sánchez alcanzaría directamente un rango institucional y aseguraría la participación ... de todas las fuerzas políticas. Pero sería una ingenuidad suponer que ello representaría un avance en cuanto a la necesidad de una respuesta unitaria a las consecuencias del COVID-19. Más bien se trata de un punto de encuentro entre las reservas que alberga el PP respecto al diálogo con el Ejecutivo y los deseos de Sánchez de operar con un amplio margen en los próximos meses, sin «mutualizar los errores» –en palabras del líder del PP– pero tampoco la gobernación del país.
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Lo que se anunciaba como unos segundos Pactos de la Moncloa, requeridos por la excepcionalidad y la urgencia del momento, han sido desviados hacia el carril siempre lento de la deliberación parlamentaria. Lo que se adivinaba como un marco de diálogo resolutivo de largo alcance entre los máximos responsables políticos, autonómicos y de las organizaciones sociales fue ayer devuelto a la lógica de un Gobierno PSOE-Unidas Podemos que participará en las sesiones sin que sus decisiones deban responder necesariamente a un acuerdo previo de la comisión. Solo la presencia continuada en ella de Sánchez, Casado y los demás líderes partidarios y el carácter permanente de ese órgano podrían conceder a la entente de ayer visos de aportar alguna efectividad unitaria.
El acuerdo resulta excesivamente acomodaticio para los dos interlocutores como para que de él puedan esperarse frutos tangibles. Los que precisa sin dilaciones un país cuya economía se encuentra en pleno derrumbe, según el tenebroso panorama dibujado por el Banco de España. No hace falta que se confirme el peor de los escenarios contemplados en el informe –un hundimiento de la actividad del 13,6% el presente año, una tasa de paro cercana al 22% y un déficit desbocado hasta el 11%– para comprender la urgente necesidad de un gran compromiso colectivo destinado a restañar con la máxima rapidez y eficacia las serias heridas que dejará el coronavirus en el PIB, el empleo y la cohesión social. La clase política y los agentes sociales deberían estar a la altura de este momento histórico.
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