Ayer, los agentes sociales y el Gobierno firmaron el décimo acuerdo del pacto social en lo que va de legislatura. Se trata del primero de los tres tramos en que el Ejecutivo, los sindicatos y la patronal han dividido la reforma del sistema de pensiones. El acuerdo pone fin a una década de unilateralidad ya que en 2013 Rajoy rompió el consenso que había establecido Zapatero e introdujo el factor de sostenibilidad y el índice de revalorización, que ahora desaparecen. Los elementos esenciales de lo ya pactado son la revalorización de las pensiones con el IPC; el llamado «factor de equidad intergeneracional» que sustituirá al de sostenibilidad y el nuevo sistema de cotización de los autónomos en función de sus ingresos, que debe implantarse en 2022. Lo acordado, que para Garamendi «genera confianza en los inversores, en los jubilados y en quienes entran al sistema», incluye incentivar con bonus de hasta 12.000 euros anuales la prórroga de la edad de jubilación después de los 67 años, y una transferencia anual de cerca del 2% del PIB (20.000 millones) a la Seguridad Social. Lo acordado es un primer paso para sostener el sistema del principal mecanismo de solidaridad de nuestro modelo económico.

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