Acuerdo necesario

En los cuatro años que el Consejo lleva con el mandato prorrogado ha habido diversos conatos de acercamiento entre los dos partidos que suman la mayoría parlamentaria requerida para renovarlo. El nombramiento de sus nuevos integrantes con el actual modelo, por el que esa tarea corresponde al Parlamento –la posición del Ejecutivo–, o con una nueva regulación por la que los jueces puedan designar directamente a doce de los veinte vocales del CGPJ, como pretende el PP y propone la Comisión Europea, constituye el eje de la polémica. Detrás de ella es inevitable intuir el interés de ambas partes por revertir o mantener el actual equilibrio de fuerzas, inclinado ahora hacia los conservadores.

El sistema en vigor no emana unívocamente de la Constitución, aunque haya posiciones académicas que lo defiendan como la vía más legitimadora del órgano de gobierno de los jueces, entendiendo que la independencia de estos y del Poder Judicial ha de sustanciarse en la actuación jurisdiccional y no en el desempeño de las funciones del Consejo. Pero resulta imposible deslindar ambos planos tras años de intromisión partidaria y alineamiento de los designados, que flaco favor han hecho a la imagen de la Justicia. La presunción de que la carrera judicial es y seguirá siendo mayoritariamente conservadora obedece a una visión gregaria respecto a la polarización política, que se irá disipando conforme se apliquen los criterios que rigen en la UE. Sánchez y Núñez Feijóo no pueden defraudar las expectativas de acuerdo apuntadas este lunes sobre un pilar esencial de nuestra democracia mientras se postulan para gobernar España.