Acuerdo de mínimos

El acercamiento entre el PSOE y el Partido Popular dio paso ayer a la renovación del consejo de administración de RTVE –con la designación de seis de sus integrantes por el Congreso, para que el Senado nombre a los otros cuatro–, a la espera del ... acuerdo sobre la composición del Consejo General del Poder Judicial, del Tribunal Constitucional y el nombramiento del Defensor del Pueblo. Asegurar el funcionamiento de los órganos constitucionales del Estado es un deber ineludible para el Poder Legislativo y para todos sus grupos sin excepción. Tras casi tres años de injustificable interinidad a causa de la pugna entre los dos principales partidos –PSOE y PP– en un contexto de fragmentación partidaria, el desbloqueo político iniciado ayer debería devolvernos a la normalidad institucional mediante el cumplimiento de las previsiones legales. La renovación periódica de las instancias confiadas al Parlamento es un precepto que no debería soslayarse nunca más. En una coyuntura crítica y atenazada por la incertidumbre, la política tiene además una obligación mayor si cabe de atender a aquello que está en su mano y no depende de imponderables. Pero tras tanto tiempo de espera para la renovación de los órganos constitucionales, era exigible que las formaciones políticas con más representación –y por tanto responsabilidad– hiciesen un esfuerzo mayor para dotar a esas instancias de algo más que un reparto bipartidista de puestos. Un esfuerzo mayor para que los órganos a renovar sean integrados por las personas más idóneas en su cometido, que no es el de reflejar y mucho menos representar intereses o preferencias de partido.