La renovación del Consejo General del Poder Judicial no puede seguir pendiente del pulso que mantienen PP y PSOE por el control del órgano de gobierno de los jueces. Prolongar la situación de interinidad, cuando ya lleva así durante tres años y medio, compromete seriamente ... la imagen de imparcialidad e independencia que requiere la Administración de Justicia a ojos de los ciudadanos; a lo que se unen, además, 65 nombramientos pendientes en puestos decisivos de la estructura judicial tras la reforma introducida hace un año para impedir que el CGPJ pueda cumplir con sus funciones ordinarias cuando se encuentre en una situación de provisionalidad como la actual. El bloqueo que mantienen los populares para la designación de los nuevos integrantes del CGPJ y la resistencia del PSOE a modificar la ley orgánica de 1985, devolviendo a los jueces la potestad de determinar su representación en el Consejo, han encontrado una solución ineludible en las advertencias de la Unión Europea: que España proceda ya a la renovación del CGPJ según la norma vigente, para modificarla inmediatamente después con arreglo al criterio comunitario de que la mayoría del órgano lo elijan los propios jueces.
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El último cambio normativo introducido a iniciativa del PSOE para excepcionar la reforma de hace un año en el caso de los miembros del Tribunal Constitucional que corresponde designar al CGPJ corre el riesgo de dar lugar a una colisión institucional sin precedentes si la mayoría del órgano de gobierno de los jueces opta por dilatar su cumplimiento más allá del próximo 13 de septiembre. Un día que se convierte así en fecha límite para que entre en funcionamiento el Consejo renovado parlamentariamente, previo acuerdo entre socialistas y populares que son los que suman la mayoría reforzada precisa para ello. Uno de los efectos más perniciosos de que se prolongue la liza entre socialistas y populares por el control del órgano de gobierno de los jueces, según la norma de 1985, es que induce e incluso promueve una polarización extrema en la interpretación siempre reduccionista de la dialéctica entre 'progresistas' y 'conservadores' en la carrera judicial. Polarización que resta estímulos a la asunción de responsabilidades en el Consejo por parte de los jueces e incluso al desempeño de una función sin la que la democracia deja de serlo.
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