La resolución de la secretaría de Estado de Sanidad «ante situaciones de especial riesgo por transmisión no controlada de infecciones causadas por el SARS-Cov-2», publicada ayer en el BOE, puede presentar dudas en cuanto a su entidad jurídica como acuerdo del Consejo Interterritorial ... adoptado sin consenso, respecto al margen que concede al ejercicio de competencias autonómicas, o sobre su idoneidad para hacer valer criterios de salud pública a aplicar en pocas horas en el conjunto del país. Pero de lo que se trata es de actuar con eficacia y celeridad antes de que los contagios vayan a más o se cronifiquen entre otoño e invierno. La pandemia dio origen a un debate sobre si el Gobierno no contaba con medios legales distintos y menos extraordinarios que el estado de alarma para hacer frente al coronavirus, y la desescalada afloró la carencia de normas generales ideadas para ordenar el tránsito hacia la nueva normalidad. En todo este tiempo el Gobierno de Sánchez se ha resistido a promover cambios que adecuasen la legislación a la desconcertante naturaleza de esta crisis sanitaria. Y los grupos parlamentarios y Ejecutivos autonómicos que se han mostrado más críticos con el andamiaje jurídico empleado tampoco han sabido proponer una alternativa precisa, cayendo en sucesivas contradicciones sobre el papel a desempeñar por el poder central respecto a las instituciones territoriales.
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El problema no hubiese sido tan grave si la discusión no fuera más el reflejo de actitudes elusivas en la toma de decisiones que la expresión de un afán competitivo por atajar la pandemia cuanto antes. El pulso que vienen manteniendo el Gobierno de la Comunidad de Madrid y el Ejecutivo central así lo demuestra. Con el añadido de que en demasiadas ocasiones los desencuentros han sido bochornosos por contraste con el sufrimiento y los sacrificios de tantas personas. La presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso mostró ayer su disposición a cumplir la resolución ministerial, al tiempo que anunciaba un recurso judicial. Eso sería normal en cualquier otra circunstancia. Pero el tiempo que resta para dejar atrás la pandemia y sus efectos se presume tan dilatado que es urgente atenuar las desavenencias sin rehuir la pronta toma de decisiones y su eficiente aplicación. Los responsables públicos no pueden dejar pasar los días, como si en esta segunda ola nadie se estuviera muriendo por COVID-19.
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