Acelerador de partículas

El freno del Constitucional a las reformas exprés del Gobierno que, por un lado, suavizan la mayoría necesaria para la designación de los dos magistrados del Tribunal de Garantías por parte del CGPJ y, por otro, permiten al Ejecutivo no tener que esperar a designar a los dos que le corresponden a que previamente lo haga el Poder Judicial, pone en claro que las prisas no son buenas compañeras de viaje y mucho menos en cuestiones de semejante calado.

Pero más allá de esta cuestión formal, la vía emprendida para sacar adelante sendas reformas pactadas entre PSOE y Podemos cercena cualquier posibilidad de debate y consulta no solo a los partidos de la oposición, sino también a todos los organismos concernidos por la propia reforma exprés. Y lo que es peor, profundiza la sensación enfermiza de politización que los ciudadanos tienen de unas instituciones que deberían velar por los intereses más allá de las siglas.

La tentación de cambiar los equilibrios en el Poder Judicial –la designación de los dos magistrados que le corresponden al Ejecutivo de Sánchez inclinaría la balanza hacia la izquierda– debe ser demasiado fuerte como para no sucumbir a intentos de reforma por la vía rápida. Sobre todo, si se tiene en cuenta que en un año los mismos ciudadanos que ahora vemos desde la barrera el espectáculo político tendremos la ocasión de opinar con nuestro voto, y para entonces, un renovado Constitucional, si se da el caso, podría dar carta blanca a dos proyectos estrellas del Gobierno de Sánchez recurridos ante este tribunal: la Lomloe y la Ley Trans.