La accesibilidad universal, un reto aún pendiente

En estos primeros compases del año 2018, CERMI La Rioja no olvida que, si bien es cierto que la accesibilidad a todos los productos, bienes y servicios para nosotros, las personas con cualquier discapacidad y nuestras familias, mejora -si bien a un ritmo demasiado lento-, lo cierto es que no se ha alcanzado, ni mucho menos, el compromiso adquirido por las Administraciones hace ya 14 años. Según afirmaron en su día nuestros políticos, nuestro colectivo iba a poder contar con la ansiada accesibilidad universal, la misma que nos permitiría a todos y cada uno de los miembros de este amplio grupo social, «acceder libremente y sin ningún tipo de impedimento a todo lo que necesitáramos en nuestro entorno». En 2003, gracias a la presión y la incidencia constantes del movimiento social de la discapacidad a través del CERMI estatal y los CERMI autonómicos, España aprobó una legislación básica, aplicable y exigible en todo el territorio nacional, que establecía, resumidamente, unas obligaciones de accesibilidad y no discriminación, de modo que todo lo nuevo desde esa fecha tendría que ser necesariamente accesible, y para lo preexistente que no reuniera esos parámetros, se fijaban unos límites temporales amplios, para convertirlos en accesibles, siempre que fueran susceptibles de ajustes razonables, que llegaban en un principio hasta 2019, y que posteriormente, por un cambio legal operado en 2011 por el Gobierno de España, se redujeron dos años, hasta 2017, para mayor precisión, hasta el pasado 4 de diciembre de este año. La fecha ya ha expirado pero la realidad es que las promesas no se han cumplido, por lo que las personas con discapacidad seguimos encontrándonos muchos problemas para poder desarrollar una vida normalizada. Los discapacitados seguimos sin poder disfrutar del acceso, uso y disfrute del conjunto de los entornos, bienes, productos y servicios que ofrece la sociedad en todos sus ámbitos, sin ningún tipo de discriminación ni exclusión por razones de un funcionamiento corporal, mental, comunicacional o cognitivo diverso, esto que es conocido como accesibilidad universal.

El CERMI riojano viene manifestando que la accesibilidad universal es un derecho y por ello se trata de un bien social básico que ha de ser promovido y debe estar amparado y protegido siempre y en todo lugar por los poderes públicos, así como desplegado por todos los operadores, agentes y particulares de la vida en comunidad. Un derecho que debe ir acompañado de los mismos deberes a los que están impuestos el resto de la sociedad. El fiel de la balanza, no obstante, nunca es favorable a la situación de los más de 18.000 discapacitados riojanos bien sean físicos, sensoriales, intelectuales, con parálisis cerebral o afectados en su salud mental.

Pero además, los poderes públicos y la sociedad riojana en general tienen que entender que si conseguimos entre todos esa ansiada accesibilidad universal al final se beneficiará de ella el 100 % de la sociedad. Basta con pensar que si se rebaja el bordillo de una acera, las personas mayores, las mamás con sus carritos de bebé o una persona con su carro de la compra, lo tendrá más fácil para acceder a la calzada o la acera.

Me gustaría que esta Tribuna sirviera de reflexión sobre la doble discriminación que sufren las mujeres y las niñas tanto por género como por discapacidad; denunciar los abusos de las esterilizaciones forzosas, contrarias a la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, ratificada por España en 2008, y la discriminación de las personas con discapacidad a las que no se les da su derecho al voto, aconsejando finalmente a todas las personas que se acercan a nuestro colectivo que la naturalidad, el respeto y el sentido común son los mejores consejos en el trato hacia la persona con discapacidad.