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La pandemia acumula tantas olas y anuncia con prolongarse tanto tiempo que se presta más a repasar el pasado que a predecir el futuro. El punto de conexión entre el ayer y el hoy se ubica en las residencias de personas mayores, que después de ... haber sido uno de los focos más duramente castigados por el virus vuelven a registrar contagios y fallecimientos cuando ya se creían blindadas. Lo que sí ha cambiado desde la eclosión del COVID es la intensidad del embate, las medidas para contenerlo y el argumentario para justificar la coyuntura. La hemeroteca recuerda cómo en los meses más devastadores, cuando los enfermos en los geriátricos se contabilizaban a puñados y las esquelas llenaban el periódico, se trató de circunscribir el debate a la titularidad de los centros. Desbordados por la realidad y con una cada vez más notoria tensión entre Salud y Servicios Sociales, resultó que el problema radicaba en si las instalaciones eran públicas o privadas, cuando de lo que realmente iba el drama era de aislamiento, una correcta sectorización, desinfección y priorizar las vacunas entre un colectivo de altísima vulnerabilidad. De aquel tiempo son las informaciones que afloraron (¿interesadamente?) sobre los grupos empresariales que hay detrás de cada residencia y anuncios de reinternalización que han quedado diluidos por la apuesta de seguir concertando plazas. Atajar el repunte en las residencias no debería reincidir en el quién, sino profundizar en el cómo. Y la responsabilidad de la Administración estriba en habilitar que ningún trabajador eluda ser inmunizado para no arriesgar la vida de los abuelos que cuidan.
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