2021, año de PAC

Eliminar los derechos es la única forma de empezar con buen pie esta reforma, aunque ello signifique merma de recursos de la PAC para algunos perceptores y para algunas regiones. Hay que decir, una vez más, que estos derechos se pueden quitar de la misma manera que se concedieron y, también, que son el resultado de una suma continuada de disparates aceptados en las sucesivas reformas de esta política desde 1992.

Entre 1962 y 1992 la PAC se basó en garantizar a los agricultores y ganaderos precios que permitieran mantener su renta, lo que hizo que en la Unión Europea los precios fueran mayores que en el mercado mundial. Los consumidores contribuían al sostenimiento de la renta agraria. Los problemas de excedentes, aumento del gasto y tensiones comerciales por la protección en frontera, aconsejaron, en los años ochenta, un cambio en la política agraria.

Con la reforma de 1992 se dejaron de sostener los precios para acercarlos a los del mercado mundial y resolver así los problemas generados. Para evitar la pérdida de renta agraria se dan ayudas directas desvinculadas de la producción. Se dan por sembrar, no por producir. Se establece entonces un pago, por ejemplo en cereales, de 63 euros por tonelada regionalizada. ¿Qué es esto? Se comarcaliza el territorio nacional y se dice, pongamos para el caso, en Cuéllar una hectárea de cebada produce 3.000 kilos y en Alcanadre 1.500. Da igual lo que se produzca realmente, quien siembra en Cuéllar una hectárea recibe una ayuda de 189 euros y el que lo hace en Alcanadre, la mitad. Con esta reforma los contribuyentes sustituyen a los consumidores en el sostenimiento de la renta agraria. Nadie dijo nada.

En la siguiente reforma del año 2005 estas ayudas se transforman en derechos de pago único. Siguiendo con el ejemplo, a un agricultor de Cuéllar que sembró una hectárea durante los años 2000 a 2002, se le reconoce un derecho por valor de 189 euros, y al de Alcanadre que hizo lo mismo, un derecho por valor de 94,5 euros. Da igual lo que pase en el mercado, suba o baje el precio del cereal, se cobra el derecho. Los años de precios altos, que los hubo, los que necesitaron ayudas para paliar el aumento del precio del pienso fueron los ganaderos, pero las ayudas ya estaban comprometidas en forma de derechos. Se establecieron las bases para que ni los agricultores o ganaderos, ni los territorios, recibieran las mismas ayudas haciendo las mismas labores y al mismo tiempo aumentaba la burocracia que caracteriza la PAC.

El disparate creció cuando estos derechos de pago único se transformaron en derechos de pago básico en la última reforma, al dividir el territorio en cincuenta zonas cada una de ellas con ayudas diferentes para los mismos cultivos. La diversidad agraria del país lo justificó. Esto solo lo hizo España. Holanda, Portugal o Italia optaron por una sola región agronómica (tarifa plana para todos). Alemania que empezó con 13, una por Land, las ha reducido a una. Francia y Grecia optaron por dos. Son países con tanta diversidad agraria como España, pero aquí, quienes tuvieron entonces que adoptar la decisión política, optaron por lo más cómodo, para ellos. ¿Quiénes tienen que adoptar ahora las decisiones sobre la continuidad de los derechos, harán lo mismo?

Este cúmulo de disparates arrastrados desde el año 1992 justifican las grandes diferencias que hay entre las ayudas que perciben unos y otros agricultores y unas y otras regiones. Ver la reforma solo desde las desigualdades territoriales que genera el actual sistema de asignación de las ayudas de la PAC, es un error, igual que lo es verla solo desde las desigualdades sectoriales o entre explotaciones.

Únicamente la eliminación de los derechos y la determinación de nuevos criterios para percibir las ayudas permitirán a largo plazo corregir los efectos negativos que aquellos han provocado, entre los que destacan no paliar el despoblamiento rural ni la pérdida de empleo en el sector, la intensificación de la producción, la concentración de las ayudas en los mayores perceptores y la asignación de recursos públicos sin criterios de equidad y sin tener en cuenta los niveles de renta de sus beneficiarios.

Si no se resuelve este problema de los derechos y el debate no llega a los ciudadanos, en tanto que contribuyentes y consumidores y se queda en la defensa sectorial que cada organización agraria haga y en la que cada consejero o consejera hace de los fondos que llegan a su Comunidad, seguiremos sin tener una política agraria eficaz, eficiente, sencilla en su aplicación y capaz de conseguir esas cosas tan necesarias que ahora solo son meros adornos en el discurso con el que ya nos están presentando la nueva reforma de la PAC. A mí, al menos, me lo parece.