El modelo de financiación autonómica establece que Hacienda recauda los impuestos en todo el territorio –salvo en el País Vasco y Navarra– y después remite a las autonomías anticipos a cuenta de la recaudación estimada sobre unos porcentajes del IRPF, el IVA y los impuestos ... especiales (sobre el alcohol, tabacos y carburantes, entre otros).

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Habitualmente, cada mes de julio, el Ministerio entrega a cada gobierno regional un avance de las entregas a cuenta y de la liquidación del sistema para que pueda elaborar las cuentas regionales del próximo ejercicio. Las cifras definitivas las recogen los Presupuestos Generales del Estado (PGE), que se presentan en el cuarto trimestre.

El Gobierno central del PP realizó en 2017 un cambio contable en la recaudación del IVA, que implicó que ese año solo computaran once meses. El asunto no se pudo subsanar en los Presupuestos del año siguiente porque Rajoy optó por una prórroga, que Sánchez decidió mantener tras ganar la moción de censura. Al año siguiente, los PGE contemplaron la partida, pero fracasó, como el resto de las Cuentas.

Ya en febrero de 2020, y para compensar la pérdida económica derivada de la dichosa liquidación, el Estado abrió la mano a las autonomías: préstamos, y manga ancha para gastar un poco más sin penalizaciones, porque no computaría a la hora de calcular el déficit. Pero también ese fue el momento en el que la batalla de Hacienda con las autonomías populares y la Generalitat catalana dio un salto, sumándose al frente regiones gobernadas por el PSOE tras asegurar el Ministerio que no había instrumento legal para la devolución.

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De las acciones administrativas (cartas de protesta, llamadas telefónicas, etc, etc) se pasó a las acciones judiciales. Y finalmente han sido las sentencias firmes las que han forzado al Gobierno central a liquidar la deuda de marras: 33 millones de euros para La Rioja.

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