El portazo más grave

El cierre de la que aún es la penúltima factoría de Altadis en España es la respuesta de la tabaquera al descenso del consumo de cigarrillos, que cifra en el 45% en los últimos cinco años; un descenso provocado por la existencia de un menor número de fumadores y por el cambio de los hábitos de los que aún lo son. La presión fiscal sobre el tabaco y el crecimiento del mercado negro han colaborado también negativamente en la decisión, aduce igualmente la empresa. Razones que no son nuevas, pero sí suficientes para que la que Altadis presentaba hasta hace no demasiado como su joya de la corona se sume a la lista de una docena de factorías a las que la multinacional ha echado el cierre, y con ellas a 6.000 empleados, en España prácticamente en lo que va de siglo.

En ese proceso se ha de enmarcar una decisión como la anunciada ayer en forma de plan de reestructuración y con un «programa de reindustralización» que, supuestamente, habrá de facilitar la recolocación de los que la multinacional denomina «trabajadores excedentes de la fábrica». Porque una decisión semejante no se adopta de la noche a la mañana. Podría no estar decidida, pero en ningún caso no estar prevista. Por eso no le falta razón a la consejera González Menorca al exteriorizar el enfado del Gobierno regional por el ejercicio de ocultación de los dirigentes de la multinacional, una forma de actuar que, además de todo, ha dejado en evidencia los canales de comunicación que se le supone a la Administración con la que pasa por ser una de las empresas de mayores dimensiones de La Rioja por empleo y facturación. El asunto ha sorprendido al Ejecutivo tanto como al ciudadano de a pie. No se comprende, de otro modo, que el presidente Ceniceros anduviera en la mañana de ayer inaugurando un puente en Santo Domingo mientras a unas decenas de kilómetros se cocía semejante caldera. Sin embargo, él y su Gobierno habrán de ser quienes traten de reconducir la grave decisión empresarial por más que ayer se tuviera ésta por irreversible. Si finalmente los es, deberán tutelar un proceso que se antoja largo, complejo y no exento de conflictividad, como ha advertido algún sindicato. Y en última instancia, si llega el indeseado cierre, implicar toda su artillería en fomentar la empleabilidad de cuantos trabajadores pasen a unas listas del paro ya demasiado concurridas.